Hidrovía bajo la lupa: el Gobierno avanza con la concesión mientras crece la polémica

Por admin Últimas Noticias

El proceso administrativo para transferir la gestión de la hidrovía a operadores privados mediante el sistema de concesión de obra pública por peaje entró en su etapa definitoria bajo la presidencia de Javier Milei. El Poder Ejecutivo formalizó la convalidación técnica de dos conglomerados de capitales belgas que pujan por el mantenimiento de la vía fluvial: la corporación Jan De Nul, en alianza con la firma local Servimagnus, y el grupo de infraestructura Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME).

Ambas entidades aspiran a adjudicarse por un lapso mínimo de 25 años el dragado y balizamiento de este corredor fluviomarítimo, un proyecto que contempla inversiones estimadas en más de 10.000 millones de dólares y que canaliza el 80% de los despachos agroindustriales de la República Argentina hacia el Océano Atlántico.

Dos consorcios belgas compiten por la administración de la hidrovía.

No obstante, el Ministerio Público Fiscal, por intermedio de una resolución emitida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), detectó severas anomalías en la confección de los pliegos de bases y condiciones. De acuerdo con el dictamen de dicho órgano de control, el nuevo llamado a licitación incurre en vicios de procedimiento idénticos a los que motivaron la anulación del concurso previo, señalando deficiencias normativas en las cláusulas anticorrupción, los topes a las objeciones, los formatos de asociación empresarial, la fórmula evaluativa y la ausencia de una auditoría de sustentabilidad ecológica integral.

Ante este panorama, sectores de la oposición legislativa impulsan iniciativas parlamentarias orientadas a suspender los actos de apertura económica, exigiendo la observancia estricta de las pautas de transparencia y la implementación de audiencias de participación ciudadana sobre este estratégico sistema fluvial

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas advirtió graves anomalías técnicas.

Por otra parte, la controversia regulatoria sumó cuestionamientos desde el plano político provincial. En declaraciones brindadas a la señal periodística Canal E, el legislador santafesino Carlos del Frade advirtió que la reprivatización del curso hídrico perpetúa el esquema instaurado en el año 1995, el cual delegó la administración de la hidrovía a corporaciones transnacionales.

El diputado Carlos del Frade alertó sobre la soberanía.

El diputado provincial argumentó que la planificación del corredor navegable compromete la distribución de los recursos económicos de las jurisdicciones ribereñas, señalando además que detrás del negocio portuario subyacen acuerdos con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense y el Comando Sur de ese país, lo cual incidiría directamente en la autonomía logística del Mercosur. Con ingresos proyectados en concepto de peajes por más de 600 millones de dólares anuales, la adjudicación de la hidrovía se mantiene bajo el escrutinio de la justicia administrativa y las cámaras del Congreso.

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