“La AFA es una entidad privada”, destacó Eduardo Feinmann, en el pase televisivo que realiza con el ciclo Pablo Rossi, y agregó: “¿Cómo crees que funciona en otros clubes?”. En el diálogo de mesa entre periodistas de América 24, el conductor televisivo se refirió a la situación judicial que vive la entidad nacional de fútbol y mencionó la figura del presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón. “¿Vos creés que Verón está tan limpio?”, preguntó.
Si bien no es la primera vez que Feinmann dispara algún dardo contra el ex jugador de la selección nacional, al que le tiene una profunda antipatía, en la charla entre periodistas también se mencionó el nombre de Foster Gillet. El inversor deportivo estadounidense tuvo hace unos años un acuerdo infructuoso con Verón para concretar distintas inversiones y contrataciones en la compra-venta de jugadores. El hecho fue notorio, ya que el presidente del club platense impulsó la apertura de las Sociedades Anónimas Deportivas que el gobierno de Javier Milei intenta establecer.
El caso de Foster Gillett y su vinculación con Estudiantes de La Plata se consolidó como un escándalo más del fútbol argentino, mezclando transferencias, denuncias judiciales y tensiones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El empresario deportivo, vinculado de manera familiar con el Liverpool FC, había sido presentado como una “revolución” para el club platense, pero, con el tiempo, quedó en el centro de varias investigaciones por presuntas irregularidades en operaciones con varios futbolistas, entre ellos Cristian Medina.
La transferencia de Medina, un mediocampista de Boca Juniors, a Estudiantes fue el primer foco de controversia. La institución xeneize denunció ante la AFA que el pago de la cláusula de rescisión de 15 millones de dólares fue realizado desde una cuenta personal de Gillett, y no directamente por el club contratante, lo que contraviene las normas internacionales de la FIFA sobre transferencias. Verón admitió públicamente que el acuerdo tuvo un papel en la llegada de Medina, aunque negó tener pleno conocimiento de los detalles técnicos del arreglo, afirmando que “el arreglo fue de Foster Gillet con Medina, no con Estudiantes” y que el club solo entró en escena posteriormente.
Pero, el vínculo entre el magnate y la «Brujita» trascendió el caso de Medina. El grupo conducido por Gillet prometió inversiones por alrededor de 150 millones de dólares para infraestructura y refuerzos, con el objetivo de impulsar un modelo de gestión con participación de capitales privados, un enfoque que fue acompañado por Verón y que generó resistencia en buena parte de la dirigencia del fútbol argentino. Sin embargo, esa relación también quedó expuesta ante la Justicia argentina.
El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación preliminar por posible lavado de dinero vinculada a operaciones de compra y venta de jugadores en las que aparecen Foster Gillett y su socio Guillermo Tofoni, incluyendo los casos de Rodrigo Villagra, Valentín Gómez, Ezequiel Piovi y el propio Medina. La situación de Estudiantes quedó así en una encrucijada: por un lado, la búsqueda de la dirigencia pincharrata de consolidar inversiones; por otro, las críticas de la AFA —especialmente de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad— que cuestionaron la introducción de capitales privados sin un marco legal específico dentro del fútbol argentino.
El conflicto abierto sobre la validez del pase de Medina y el debate sobre las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino han colocado a Estudiantes en el centro de una disputa institucional más amplia. Paralelamente, la AFA vive un clima de tensión judicial y política que involucra a sus principales directivos. El presidente Claudio “Chiqui” Tapia y su mano derecha Toviggino están bajo investigaciones federales relacionadas con presuntas irregularidades financieras y enriquecimiento ilícito, con allanamientos recientes a la sede principal y a distintos clubes, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la financiera Sur Finanzas.
A ese contexto se sumó una denuncia de la senadora Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la CONMEBOL, donde acusa a Tapia y Toviggino de violaciones éticas, conflictos de interés y falta de transparencia institucional, lo que profundiza la crisis de credibilidad del organismo rector del fútbol nacional. Las autoridades de la AFA han respondido defendiendo su gestión y rechazando lo que denominan “persecución política”; sin embargo, la situación judicial y mediática genera un escenario inédito que podría tener impacto en el 2026.
