Federico Zapata y su cruzada por la transparencia en Santa Ana: ¿el “Zapata” entrerriano contra los privilegios del poder?

En un contexto donde la mayoría de las localidades entrerrianas ajustan presupuestos y reducen gastos ante la crisis, Santa Ana parece transitar otro camino. Allí, el dirigente Federico Zapata puso en debate público la estructura salarial del Ejecutivo local y abrió una discusión incómoda sobre los privilegios en la política municipal.

Con documentación en mano, Zapata expuso lo que considera una gestión alejada de la realidad de los vecinos. Según los datos difundidos, mediante los decretos 50, 93 y 164/2025 el sueldo del intendente habría superado los $4.000.000 en diciembre pasado, mientras que 11 funcionarios del gabinete representarían un costo superior a los $23 millones mensuales para las arcas municipales.

“No es una cuestión personal, es una cuestión de justicia básica”, sostiene el dirigente. Y agrega: “Mientras un trabajador municipal o un vecino que vive de changas ajusta cada peso, la política no puede vivir en una burbuja”.

Números bajo la lupa

Zapata también planteó comparaciones que generan ruido en el tablero provincial:

• Asimetría provincial: ciudades con mayor población y estructura administrativa mantienen escalas salariales más austeras que Santa Ana.

• Contraste presupuestario: pese a haber recibido más de $227 millones en coparticipación en enero de 2026, persisten reclamos por obras inconclusas y falta de soluciones habitacionales.

El dirigente afirma que su objetivo es terminar con el “secretismo” y transparentar decretos, aportes y movimientos administrativos que, según denuncia, no eran de fácil acceso para los vecinos.

El peso simbólico del apellido

El apellido no pasa desapercibido. Y aunque no haya parentesco alguno, la comparación surge inevitablemente: Emiliano Zapata, el líder revolucionario mexicano, luchó bajo el lema “Tierra y Libertad”, defendiendo la idea de que “la tierra es de quien la trabaja”.

En Santa Ana, Federico Zapata intenta instalar otro concepto: que el dinero público es de quien lo aporta con sus impuestos y debe volver en servicios, no en privilegios políticos.

En un pueblo paradisíaco del departamento Federación, la discusión ya no es solo salarial. Es política. Y el 2027 empieza a asomar en el horizonte.