Explota la interna en AETAT: allanamiento, acusaciones cruzadas y guerra entre empresarios del transporte

De un lado se posiciona el empresario Sergio Gómez Sansone, impulsor de la denuncia penal. Del otro, el vicepresidente de la entidad, Jorge Berretta, quien salió a defender la transparencia de la institución que nuclea a los propietarios de las empresas de colectivos.

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La denuncia: reclamos por fondos y presuntas irregularidades

Gómez Sansone, titular de la Línea 8 y de la empresa San Pedro de Colalao, aseguró que sus cuestionamientos comenzaron a principios de 2024, cuando exigió mayor claridad en la rendición de cuentas sobre la distribución de subsidios y fondos provinciales destinados al transporte público.

En ese contexto, el empresario lanzó una grave acusación: afirmó haber detectado cheques emitidos por AETAT a favor de sus empresas que nunca recibió y que, según denunció, habrían sido cambiados en circuitos financieros informales.

Además, rechazó las versiones que atribuyen su denuncia a motivaciones políticas y sostuvo que sufrió represalias por sus reclamos. Según su testimonio, esto derivó en la quita de la Línea 131 en septiembre, lo que interpretó como un intento de apartarlo del sistema.

También aseguró que existe un “clima de temor” entre otros empresarios del sector.
“El 80% tiene el mismo miedo que tenía yo. A mí se me fue cuando ya me sacaron la línea”, afirmó.

En ese sentido, desafió a la Justicia: “Si mis denuncias son falsas, que me metan preso”.

La respuesta de AETAT: rechazo y acusación de intento desestabilizador

Desde la conducción de AETAT, Berretta rechazó de plano las acusaciones y calificó la denuncia como infundada. A su vez, consideró que responde a intereses políticos que buscan afectar el funcionamiento de la entidad.

El directivo sostuvo que la distribución de compensaciones tarifarias se realiza conforme a la normativa vigente, tomando como principal criterio la cantidad de empleados registrados por cada empresa.

Asimismo, indicó que la información sobre la distribución de fondos está disponible mensualmente para los asociados y remarcó que el último balance fue aprobado, incluso, por el propio denunciante.

“De existir alguna irregularidad, afectaría a todas las empresas y no de manera individual”, argumentó.

Investigación en curso

Finalmente, desde AETAT informaron que el personal de la sede ubicada en calle San Juan al 1.300 recibió instrucciones de colaborar plenamente con la Fiscalía, facilitando la documentación requerida para el avance de la investigación.

El caso ahora queda en manos de la Justicia, en un contexto de máxima tensión dentro del sector del transporte, donde las acusaciones cruzadas profundizan la crisis interna.