Escándalo en Tucumán: el Tribunal de Cuentas abre juicio por corrupción en Desarrollo Social y la Caja Popular

Funcionarios implicados

La resolución, contenida en el Acuerdo Nº 4644, menciona a:

• Lorena Luz María Málaga Barros Sosa, ex ministra de Desarrollo Social, quien firmó las Órdenes de Autorización para la entrega de mercadería sin respaldo normativo.
• José César Díaz, actualmente Interventor de la Caja Popular de Ahorros, quien recibió mercadería y autorizó a terceros para su retiro.
• Hugo Guillermo Ledesma, Subinterventor de la Caja Popular en 2023 y actual legislador provincial, también autorizado a recibir bienes y a designar intermediarios.
• Jorge Alberto Garay, Flavio Gerardo Corres, Luis Enrique Carranza, Carlos Emilio Nallib Budeguer y Julio Bernardo Naser, quienes figuran como intervinientes o receptores en las órdenes y remitos de entrega.

Entregas sin control ni convenio

Entre marzo y octubre de 2023, el Ministerio de Desarrollo Social emitió 12 Órdenes de Autorización en las que figura como beneficiaria la “Caja Popular de Ahorros – ART”, mediante las cuales se entregaron alimentos, camas, chapas, sillas y mesas.
El Tribunal comprobó que no existía convenio firmado, resolución ni programa social que justificara la intervención de la Caja Popular como receptora o intermediaria.

Los movimientos fueron registrados bajo las categorías administrativas “Ayudas Varias” u “Otro”, sin identificar beneficiarios ni acreditar la vulnerabilidad social exigida por la normativa (Decreto Nº 2348/4-MDS-2010).
Esto impide verificar el destino real de los bienes, que en algunos casos fueron entregados a empleados y particulares sin vínculo con programas sociales.

La investigación también reveló que la mayoría de los citados se abstuvieron de declarar ante la Instrucción Sumaria, incluyendo a Málaga, Díaz y Ledesma.

Consecuencias

El Tribunal resolvió iniciar Juicio de Responsabilidad contra los mencionados y remitir las actuaciones a la Fiscalía de Estado, para que determine si corresponde accionar penalmente por malversación o incumplimiento de deberes de funcionario público.
Se informó además a la Legislatura, al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia.

La entrega de bienes se realizó en plena campaña electoral de 2023, lo que para los auditores refuerza la sospecha de uso político de fondos sociales.

“No se halló convenio, expediente ni documentación que justifique la entrega de mercadería o fondos públicos”, sostiene el dictamen, al que accedió Observa 360.

El caso reabre el debate sobre la transparencia en el manejo de los programas sociales y los vínculos entre Desarrollo Social y la Caja Popular, dos organismos con fuerte peso político dentro del oficialismo tucumano.