En dos meses, el Gobierno registró casi 5.000 expulsiones, rechazos y detenciones de extranjeros
El Ministerio de Seguridad de la Nación reportó un nivel récord de intervenciones migratorias durante el último bimestre, alcanzando una cifra cercana a los 5.000 ciudadanos extranjeros que fueron objeto de expulsiones, inadmisiones, arrestos o procesos de extradición. De acuerdo con el balance presentado por la ministra Alejandra Monteoliva, el endurecimiento de los controles en terminales aéreas, puertos y pasos fronterizos permitió cerrar diciembre con 2.400 casos, a los que se sumaron otros 2.300 durante el transcurso de enero.
Esta dinámica responde a una directiva oficial que busca restringir la permanencia en el territorio nacional de los inmigrantes con antecedentes delictivos o que se encuentren en situación irregular, bajo la premisa de que quienes cometen delitos o intentan ingresar de forma ilegal deben ser retirados del país.
La intensificación de esta política de seguridad se vio reflejada en recientes operativos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires, específicamente en el partido de La Matanza. Durante un procedimiento de la Policía Federal en una feria de Villa Celina, se identificó a 458 individuos, detectando que 16 extranjeros no contaban con su documentación en regla.
Para estas tareas, las fuerzas federales emplearon tecnología biométrica de identificación inmediata, cruzando datos en tiempo real con los registros de la Dirección Nacional de Migraciones y el sistema de comunicaciones policiales. Además del control migratorio sobre los no nacionales
El reporte oficial subraya que el éxito de estas cifras históricas radica en la combinación de nuevas herramientas tecnológicas y el refuerzo de la vigilancia en puntos estratégicos de acceso para supervisar a los extranjeros. El Ejecutivo enfatizó que estas medidas apuntan a depurar la situación migratoria de quienes operan al margen de la ley o infringen normativas comerciales, como la Ley de Marcas 22.362.
Con la incorporación de dispositivos portátiles de reconocimiento y el acceso a bases de datos internacionales, el Ministerio de Seguridad busca consolidar un esquema de orden público que priorice la identificación de personas con requerimientos judiciales, endureciendo los requisitos de ingreso y permanencia para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.

