El oficialismo logró aprobar en el Senado el plan de pago a dos fondos buitre

Buenos Aires, 4 junio (NA) — El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto que avala un plan de pago a dos «fondos buitre» por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica. 

La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.

Advertisement

Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma «Bainbridge Ltd.» y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por «Attestor Value Master Fund LP.», lo que hace a un total de 171 millones de pesos.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

El proyecto sancionado este jueves en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión ocurrida el 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado. 

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. 

El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que «este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina». 

«Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes«, explicó.

Para Monteverde, «Esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listaado de morosos»

«Estamos discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas», indicó. 

«Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas», continuó.

Según el libertario, se logró un acuerdo que es «una transacción» para salir de un litigio, sobre la cual ya había una sentencia contra la Argentina.

«Se dijo que estamos apresurados. ¿Más de 30 años les parece premura?», preguntó.

Luego tomó la palabra Jorge Capitanich (Justicialista), quien enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa.

Según dijo el chaqueño, «estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts».

«Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF», recordó.

«Segundo no hay equidad. Tercero la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición», subrayó. 

En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce «un principio de tensión» con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países. 

Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.

Por otra parte, Capitanich resaltó que «la prórroga de jurisdicción» a favor de los holdouts «no implica convalidar prórroga de la inmunidad». 

Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser «renunciable», pero la prórroga de inumidad solo puede hacerse por la vía judicial.

«La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver», finalizó.

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (LLA) destacó que «el Gobierno entiende perfectamente la seguridad jurídica, que no es solo un discurso para quedar bien». 

«Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad. Por eso acompaño este rumbo», subrayó la cordobesa.

El catamarqueño Guillermo Andrada garantizó su apoyo porque supone «un ahorro» para el Estado argentino «y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable». __IP__

En el cierre del bloque Justicialista, José Mayans ratificó el rechazo y avisó: «No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina».

#AgenciaNA