El Gobierno reasignó fondos del Presupuesto 2026 para cubrir retiros voluntarios en la ANSES
El Gobierno nacional oficializó una modificación integral del Presupuesto 2026 para garantizar el financiamiento de programas de desvinculación laboral en la ANSES y fortalecer el cumplimiento de obligaciones con los jubilados. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se dispuso una reasignación de recursos que permite fondear el plan de retiros por voluntad recíproca.
Esta actualización del cálculo de recursos también contempla un refuerzo de 500.000 millones de pesos destinados exclusivamente a cancelar deudas por sentencias judiciales de origen previsional, elevando el monto total para este rubro a una cifra superior a los 712.288 millones de pesos, según consta en el Boletín Oficial.
La normativa establece que las partidas para reducir la planta de la ANSES se obtendrán mediante recortes en los créditos de diversas jurisdicciones de la Administración Nacional. El programa de retiros, lanzado originalmente en marzo, ofrece a los empleados con más de dos años de antigüedad una compensación económica basada en el 90% de un sueldo por cada año de servicio, con un límite máximo de 24 salarios brutos.
De acuerdo con lo estipulado en este ajuste del Presupuesto 2026, los pagos se acreditarán de forma inmediata hasta un tope de 80 millones de pesos, mientras que los montos que excedan ese valor se liquidarán en dos cuotas. El organismo previsional conservará la potestad de evaluar y aceptar cada solicitud de baja por mutuo acuerdo.
Además de las medidas orientadas al personal y a los juicios de jubilados, el estimado de gastos incluye refuerzos para el Consejo de la Magistratura con el fin de asegurar su operatividad habitual. La disposición gubernamental aclara que todas estas variaciones introducidas en el Presupuesto 2026 se detallan en las planillas anexas de la norma, buscando adecuar las cuentas públicas al ejercicio económico vigente.
Mediante esta arquitectura financiera, el Poder Ejecutivo nacional busca equilibrar la reducción de la estructura estatal con la necesidad de saldar los fallos judiciales reconocidos tanto en sede administrativa como judicial, optimizando el uso de las partidas remanentes de otras entidades públicas.

