El Gobierno propuso un aumento del 24% a las universidades para destrabar el conflicto judicial
El Gobierno nacional y las autoridades de las casas de estudios superiores alcanzaron un principio de acuerdo este lunes durante un encuentro reservado para resolver el litigio presupuestario de las universidades, aunque las tratativas se frustraron ante la exigencia oficial de que el sector decline la demanda legal que espera resolución en la Corte Suprema.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en un aumento salarial docente del 24,3% para subsanar el desfasaje acumulado entre parte de 2024, la totalidad de 2025 y el período de 2026 hasta mayo. En dicha reunión, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, presentó a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional esta recomposición, que estipulaba un desembolso del 21,3% en junio y el 3% restante en octubre, sumado a paritarias trimestrales y a una comisión técnica para revisar los haberes adeudados del año 2024.
La oferta del Ejecutivo incluía además una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, un ajuste del 20% en los fondos para gastos operativos y una partida extra de $50 mil millones destinada a los hospitales de las universidades. Estos últimos centros de salud también aguardan una citación formal para definir la repartición de más de $79 mil millones que se encontraban congelados y cuya parálisis había motivado advertencias sobre la continuidad de la atención médica.
De acuerdo con lo manifestado por fuentes de la comunidad académica al tanto de las conversaciones, el ofrecimiento económico era considerado razonable; sin embargo, las negociaciones de las universidades se empantanaron de forma definitiva por la condición gubernamental de retirar la demanda judicial que exige aplicar la Ley de Financiamiento votada por el Congreso. Dichos aumentos indexados por el IPC representarían un costo cercano a los 2,5 billones de pesos, una cifra que la gestión central rechaza por comprometer el superávit fiscal.
Desde la conducción de estos centros de altos estudios, los rectores ratificaron en diálogo con el mencionado canal de noticias su negativa absoluta a renunciar a dicho recurso legal por considerarlo una garantía de resguardo institucional y argumentaron que la propuesta oficial expone que el Estado posee los fondos necesarios para solucionar la crisis.
Mientras los representantes de las instituciones universitarias manifestaron que existen condiciones para destrabar el conflicto si hay voluntad, desde el Gobierno replicaron al mismo medio que el Consejo Interuniversitario Nacional, conducido por Franco Bartolacci, se niega a ceder en el terreno judicial para no perder el apoyo de su comunidad, señalando que esta postura arrastra el escenario de las universidades hacia un diferendo sin salida.



