El Gobierno Nacional retiró la reforma penal juvenil antes de su tratamiento y lo modificará
Este martes, el Gobierno Nacional tomó la decisión de darle marcha atrás al proyecto presentado para tratar la reforma penal juvenil que impulsan desde que asumieron. La medida no significa que la hayan resignado, sino que la modificarán con el objetivo de dar el golpe legislativo y poder ponerla en funcionamiento en un futuro cercano.
El punto de conflicto que provoca diferencias en La Libertad Avanza y también con sus aliados radica en la baja a la edad de imputabilidad a los 13 años, ya que originalmente estaba pactado que el limite sea a los 14 años de edad. El texto original que fue publicado en comisión en 2025 establecía eso, por lo que hubo un gran debate y rechazo en sectores dialoguistas que la reforma penal juvenil presentada haya sido modificada.
El proyecto, además, incluye un refuerzo presupuestario de más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de tres mil millones para el Ministerio de Justicia de la Nación. Estos fondos buscan garantizar la implementación efectiva de la norma, frente a críticas de que el financiamiento anterior dependía de la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete.
No obstante, cualquier debate sobre el financiamiento terminó quedando totalmente eclipsado por la responsabilidad penal
Los caminos a seguir serán sencillos: La Libertad Avanza presentará un nuevo texto para lograr mayor respaldo y acuerdo parlamentario, el cual será presentado pronto. El Gobierno Nacional, mientras tanto, sigue defendiendo con uñas y dientes la reforma penal juvenil a la par que los opositores acérrimos vinculados el kirchnerismo y el Frente de Izquierda se mantienen en su postura.
Sergio Berni respaldó la baja de la edad de imputabilidad en la reforma penal juvenil
El senador provincial Sergio Berni habló en La Brújula 24 y se mostró a favor de la reforma penal juvenil y sostuvo que es necesario bajar la edad de imputabilidad. Señaló que el Estado debe hacerse cargo de la criminalidad juvenil y que la imputabilidad debe entenderse como una herramienta de resocialización, no como un castigo.
El exministro de Seguridad cuestionó el debate centrado únicamente en si la edad mínima debe ser 13 o 14 años y pidió aplicar sentido común en lugar de «marketing político». Además, advirtió que la legislación vigente es obsoleta y reclamó estructuras adecuadas para menores en conflicto con la ley, con fiscales y juzgados especializados que eviten soluciones ineficaces como el encarcelamiento en prisiones comunes.


