El Gobierno Nacional afirmó que Tierra del Fuego autorizó el ingreso del buque británico

El vocero presidencial, Adrián Ravier, aclaró que el amarre del buque petrolero VS Promise en el puerto de Ushuaia no implica riesgos de soberanía para la Argentina. Según explicó, la autorización inicial correspondió al Gobierno de Tierra del Fuego, ya que la monoboya utilizada es de jurisdicción provincial.

El portavoz detalló que el buque cargó petróleo crudo en la cuenca del puerto de Cullen, en el norte fueguino, y luego se aprovisionó en Ushuaia. A su vez destacó que la normativa de Tierra del Fuego impide el ingreso de embarcaciones vinculadas a Inglaterra solo si operan en la cuenca Malvinas, por lo que la Ley Gaucho Rivero no aplicaría en este caso.

El vocero sostuvo que el accionar del buque no viola ninguna ley y que tanto las autoridades provinciales como las nacionales avalaron el ingreso. «Fue el propio Gobierno fueguino quien autorizó en primer lugar el amarre, y luego Nación permitió el aprovisionamiento», afirmó.

La aclaración busca despejar dudas sobre posibles conflictos de soberanía en torno a la presencia de embarcaciones petroleras en puertos fueguinos. Ravier insistió en que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente y que la operación se realizó bajo control provincial y nacional.

Sin embargo, el episodio no quedó exento de polémica: Tierra del Fuego había cuestionado previamente la decisión y acusó a Nación de avanzar sin consenso, lo que demuestra la tensión entre las autoridades locales y el Ejecutivo central en torno al control de los recursos estratégicos del Atlántico Sur.

Tierra del Fuego denunció contradicciones del Gobierno por el ingreso de un buque británico en Ushuaia

El secretario de Malvinas y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, cuestionó al Gobierno Nacional por permitir la presencia del buque petrolero en el Puerto de Ushuaia. Señaló que la intervención de la terminal por la Agencia Nacional de Puertos contradice el argumento de proteger un «activo estratégico» y acusó a Javier Milei de «rifar la soberanía».

La provincia insistió en que el puerto más austral del país es clave para la defensa de los intereses argentinos en el Atlántico Sur. Además, esto sirvió para intensificar el reclamo por la restitución de la administración provincial de la terminal, mientras el Gobierno provincial exige explicaciones y advierte que la presencia del buque británico refuerza la necesidad de recuperar el control sobre un activo estratégico para la soberanía nacional.