El Gobierno interviene el Puerto de Ushuaia y estalla la tensión con Tierra del Fuego
La relación entre la Casa Rosada y la administración austral alcanzó un punto crítico este miércoles tras la oficialización de la intervención del puerto de Ushuaia por decisión del gobierno nacional por un periodo de doce meses.
La medida, impulsada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), se fundamenta en denuncias de vaciamiento, desvíos de fondos y un marcado déficit de infraestructura que pone en riesgo la seguridad operativa. Mientras la intervención contará con la asistencia de la Prefectura Naval Argentina para optimizar las tareas en la terminal, el gobernador Gustavo Melella rechazó la decisión y anticipó que recurrirá a la Justicia en defensa de la autonomía provincial, en un contexto ya debilitado por cambios en su gabinete económico.
Los argumentos de la ANPYN detallan un escenario de «irregularidades financieras» y fallas estructurales graves en la ciudad del fin del mundo, que incluyen pilotes faltantes en el muelle y defensas desgastadas. El organismo nacional denunció que la gestión fueguina desvió el 33% del presupuesto para subsidios generales, destinando apenas un 1,3% a obras de mantenimiento en Ushuaia, en contra de la normativa que exige reinvertir los ingresos en la propia terminal.
Asimismo, la auditoría reveló la tercerización de la administración en una empresa habilitada para rubros ajenos a la actividad portuaria, como la venta de termos y pelucas, lo que incrementó la preocupación de las navieras internacionales.
En respuesta, Gustavo Melella aseguró que no existen justificaciones objetivas para tal medida y defendió la excelencia de los servicios de la capital fueguina, destacando que la terminal de Ushuaia atraviesa una temporada récord de cruceros. Pese a que la ANPYN aclaró que las gerencias técnicas seguirán en manos de personal local, el entorno del gobernador sospecha que la intención final es la privatización del nodo logístico.
Ante la crisis, la provincia busca canales de diálogo con el Ministerio del Interior para preservar la previsibilidad del sector, mientras prepara una batalla legal para frenar la intervención sobre los recursos estratégicos y el muelle de Ushuaia.

