El Gobierno insiste en bajar la edad de imputabilidad a 12 años y abre el debate: cómo es en otros países
El gobierno nacional ratificó su decisión de avanzar con la reforma de la Ley Penal Juvenil, impulsando una reducción en la imputabilidad que actualmente se sitúa en los 16 años. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a través de una entrevista radial, defendió la necesidad de establecer un piso de 12 años, argumentando que la normativa vigente de 1980 ha quedado obsoleta frente a la evolución de las organizaciones criminales que reclutan menores.
Aunque el proyecto oficial que ingresará a sesiones extraordinarias propone inicialmente los 13 años, el oficialismo se muestra abierto a negociar el límite en los 14 años para alcanzar el consenso necesario con bloques dialoguistas como el PRO, que han manifestado su preocupación por la falta de infraestructura carcelaria adecuada para duplicar la población de internos juveniles.
Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, calificó, por medio de una entrevista radial, de «injusto» el régimen actual tanto para las víctimas como para los menores, quienes regresan a la calle tras cometer delitos graves. El funcionario sostuvo que los jóvenes de 2026, atravesados por contextos de droga y violencia, comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos, por lo que su responsabilidad legal debe enfrentar penas acordes bajo el principio de que «el que las hace, las paga».
Esta postura fue respaldada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien tras crímenes aberrantes exigió una actualización que priorice la justicia, sosteniendo que la imputabilidad debe discutirse sin enfoques garantistas.
En el plano comparativo, se subraya que Argentina y Cuba son las únicas naciones de la región que mantienen el límite en los 16 años, mientras que el resto de los países vecinos ha fijado la punibilidad entre los 12 y 14 años.
En América Latina, Estados como Brasil, México y Costa Rica establecen los 12 años como base, mientras que Chile, Colombia y Uruguay optaron por los 14 años con regímenes socioeducativos diferenciados. Incluso en Europa, la mayoría de las legislaciones sitúan el umbral en los 14 años, llegando a casos como Inglaterra, donde la imputabilidad comienza a los 10 años, demostrando que la tendencia global se aleja de los parámetros actuales del sistema argentino.


