El Gobierno frenó el ascenso de dos jueces que habían fallado a favor de Chiqui Tapia
El Poder Ejecutivo Nacional determinó congelar el tratamiento parlamentario en el Senado de las postulaciones de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, nominados para incorporarse como camaristas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La decisión de la Casa Rosada de postergar el ascenso de los aspirantes obedece a una revisión de sus antecedentes y fallos relacionados de forma directa con el mandatario de la AFA, Chiqui Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.
Según informaron voceros oficiales a la agencia Infobae, la estrategia consiste en suspender la instancia legislativa hasta que el tribunal de alzada se pronuncie sobre los procesamientos que pesan sobre la dirigencia por supuesta asociación ilícita y apropiación indebida de cargas sociales.
La postergación posee impacto institucional, dado que ambos candidatos subrogaban juzgados con injerencia en causas sensibles. El pliego de Galván Greenway quedó bajo la lupa tras dictar una resolución beneficiosa para el presidente de la AFA en un expediente por supuestas anomalías institucionales, mientras que sobre Catania recayeron objeciones por su perfil y relaciones previas, reevaluadas en el marco de las pesquisas financieras impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El Ministerio de Justicia, dirigido por Juan Bautista Mahiques, había impulsado los pliegos para cubrir las vacantes en las Salas A y B del tribunal aludido, que hoy registra una dotación mínima compuesta por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, encargados de revisar las apelaciones de Chiqui Tapia
A pesar de que los magistrados ya cumplieron con la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el 6 de mayo, fuentes legislativas de dicha comisión confirmaron a Infobae que el oficialismo no fijará una fecha de debate en el recinto hasta que se resuelva la situación de los directivos.
La parálisis de los nombramientos coincide con el endurecimiento de la política oficial orientada a auditar el fútbol mediante veedores y el avance de la causa penal económica del juez Diego Amarante. Así, el Gobierno busca evitar el costo de convalidar designaciones asociadas a dictámenes favorables para el líder de la entidad de la calle Viamonte antes de una sentencia definitiva sobre evasión fiscal que compromete a Chiqui Tapia.
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