El Gobierno demora un pago millonario por deudas con las obras sociales en plena tensión con la CGT
El Gobierno nacional mantiene un atraso significativo en el pago de reintegros destinados a las obras sociales sindicales. La deuda total ronda los 60.000 millones de pesos, aunque hasta el momento solo se abonó una parte del monto comprometido, lo que reavivó el malestar en el sector gremial.
Según una nota de La Nación, el Ejecutivo adeuda actualmente cerca de 37.000 millones de pesos correspondientes a reintegros por medicamentos y tratamientos subsidiados, principalmente vinculados a prestaciones de alto costo y discapacidad. En octubre pasado, en la previa del proceso electoral, el Ministerio de Salud había acordado con los gremios un esquema de cancelación en tres tramos, a ejecutarse entre ese mes y diciembre. Sin embargo, hasta ahora solo se transfirieron alrededor de 23.000 millones de pesos, poco más de un tercio de lo pactado.
Desde el Gobierno explicaron que la intención inicial era cerrar el año con la deuda regularizada, pero señalaron que el proceso administrativo resultó más complejo de lo previsto. Argumentaron que los reclamos implican la revisión de unos 2,3 millones de expedientes acumulados a lo largo de varios años, algunos incluso anteriores a 2021, lo que obligó a una verificación manual caso por caso y extendió los plazos de pago.
Según el medio de comunicación, en la Casa Rosada rechazan de manera enfática que la demora esté vinculada al conflicto con la CGT y sostienen que se trata de una deuda histórica, con reclamos que se remontan a 2019. Según remarcan, el procedimiento de revisión continúa en marcha y el objetivo final es cancelar la totalidad del monto adeudado, aunque sin precisar fechas para los próximos desembolsos ni explicar por qué el cronograma se interrumpió tras el primer pago.
Las transferencias se tramitan a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de fiscalizar obras sociales y prepagas, que depende del Ministerio de Salud. Allí se concentran los expedientes presentados por las prestadoras médicas que reclaman los reintegros correspondientes.
El financiamiento de la deuda con las obras sociales proviene del Fondo Solidario de Redistribución, que se nutre de aportes obligatorios descontados de los salarios de los trabajadores registrados. Desde el sindicalismo advierten que existen recursos acumulados sin ejecutar, lo que mantiene abierto un foco de conflicto que el Gobierno aún no logra desactivar.
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