El gobierno de Axel Kicillof respaldó a Claudio Tapia y avaló el cambio de domicilio de la AFA a Pilar
El conflicto institucional por la fiscalización de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) alcanzó un nuevo pico de tensión tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de oficializar el traslado de la sede social de la entidad a la provincia de Buenos Aires. A través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ), la administración bonaerense aprobó la reforma del estatuto y reconoció como domicilio legal de la institución la calle Mercedes 1366, en la localidad de Pilar.
Según Infobae, esta medida se produjo apenas dos horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) de la Nación, dirigida por Daniel Vítolo, solicitara la intervención de veedores para auditar los balances contables de la organización que conduce Chiqui Tapia, debido a la supuesta falta de entrega de documentación financiera requerida a la AFA.
La validación del nuevo domicilio por parte de la Provincia se concretó a pesar de que agentes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la propia IGJ realizaron operativos en el lugar, donde informaron que en dicha dirección no operan oficinas y describieron el sitio como un terreno baldío. No obstante, el Ejecutivo provincial liderado por Axel Kicillof ratificó la inscripción basándose en lo votado por la Asamblea General de la AFA el pasado 17 de octubre, donde se decidió por unanimidad mudar la jurisdicción y establecer la sede deportiva en el predio de Ezeiza. Con este acto administrativo, el mandatario bonaerense asume la competencia exclusiva de contralor sobre la entidad futbolística, desplazando la autoridad de los organismos nacionales en una jugada política de alto impacto.
Ante este escenario, la institución deportiva emitió un comunicado oficial en el que sostuvo que, tras la resolución provincial impulsada por Axel Kicillof, la IGJ ha perdido toda facultad de intervención. Según destacó la entidad, el fallo administrativo expresa que el organismo nacional «carece de legitimidad y jurisdicción» para controlar la reforma de sus estatutos o supervisar sus movimientos contables. Por su parte, la IGJ justificó su pedido de veedores señalando que la medida es una herramienta legal necesaria ante la omisión de información sustancial para el examen de la documentación social y contable de la asociación.
Este enfrentamiento de competencias entre la Nación y la Provincia traslada la disputa administrativa al terreno político y federal. Mientras el gobierno de Javier Milei fundamenta su accionar en la transparencia y la auditoría de los estados contables, la gestión del Gobernador de Buenos Aires reafirma la autonomía jurisdiccional bonaerense. De no mediar un acuerdo, la controversia por el control de la caja y los números de la entidad podría derivar en una judicialización inmediata para determinar qué poder de policía tiene vigencia sobre la asociación, consolidando el respaldo otorgado por Axel Kicillof a la conducción
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