El Gobierno avanza con posibles sanciones a la Superliga y aguarda una definición judicial sobre la AFA
El Poder Ejecutivo nacional analiza la implementación de futuras sanciones administrativas dirigidas a la Superliga mientras permanece a la expectativa de una resolución de los tribunales comerciales respecto a la veeduría establecida en la AFA. Desde el Ministerio de Justicia examinan los caminos legales a seguir y remarcan que la libertad de maniobra en el ámbito de la liga es superior en comparación con el de la asociación futbolística, donde se tramita un recurso de apelación.
Fuentes de la cartera ministerial, citadas por TN, precisaron que la concesión de este recurso por parte de la Cámara Civil obliga al Estado a postergar cualquier tipo de apercibimiento institucional hacia la AFA hasta que los jueces se expidan de manera definitiva. Por el contrario, la situación en la estructura de la liga muestra un panorama divergente debido a que la Inspección General de Justicia rechazó formalmente la disconformidad planteada por dicha entidad frente al control de los veedores, lo que habilita la continuidad del proceso técnico sin acelerar tensiones anticipadas
Con el respaldo de la Ley 22.315, la IGJ cuenta con atribuciones específicas para fiscalizar y auditar el funcionamiento de entidades civiles, pudiendo intervenir ante la falta de entrega de documentación o el obstáculo a las tareas de inspección.
Según los parámetros normativos establecidos, el monto final de estas penalidades se determinará evaluando el patrimonio institucional, la gravedad de los incumplimientos y la posible reiteración de infracciones por parte del ente regulado.
En escenarios de faltas severas, el marco regulatorio del Decreto 1493/82 faculta a la Inspección General a declarar la ineficacia de los actos de la directiva y a solicitar formalmente la intervención del organismo rector ante el Ministerio de Justicia. Los funcionarios del área de control observan con atención si la conducción de la liga decide recurrir a los tribunales o si sostendrá sus objeciones únicamente dentro de los canales administrativos del Estado.
Voceros gubernamentales recalcaron que el objetivo es sostener la exigencia de informes sobre los entes deportivos en un procedimiento que catalogan como extenso, manteniendo la vigilancia atenta sobre los pasos legales pendientes que involucran a la AFA.


