El Gobierno apelará la suspensión de 83 artículos de la reforma laboral: qué puede pasar
El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, ratificó que interpondrá un recurso de apelación contra la reciente resolución judicial que frenó la aplicación de 83 artículos pertenecientes a la Ley 27.802, núcleo de la reforma laboral. La medida, confirmada por la ministra Sandra Pettovello a través de sus canales oficiales, surge tras un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63 que dio lugar a una medida cautelar solicitada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
El Ejecutivo argumenta que la norma fue sancionada por una mayoría legislativa contundente y que representa un pilar central de la gestión actual para fomentar el empleo formal y la competitividad en este 2026. Por su parte, la central obrera impugnó la constitucionalidad de la modernización normativa alegando que vulnera derechos fundamentales como la protección laboral, la libertad sindical y el principio de progresividad social.
La decisión de la Justicia del Trabajo establece una suspensión provisoria con el fin de preservar el estado de situación previo y evitar perjuicios irreversibles mientras se analiza la cuestión de fondo de esta reforma laboral. Entre los puntos afectados por este freno judicial se encuentran las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, la regulación de plataformas digitales, la eliminación de la presunción de relación laboral y la flexibilización de jornadas y vacaciones.
También quedó en suspenso la derogación de la ley de teletrabajo y los cambios en el régimen de huelga y representatividad gremial. Según el tribunal, la medida busca brindar previsibilidad jurídica ante las objeciones de la CGT, representadas por sus referentes Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, quienes cuestionaron la exclusión de sectores específicos de la protección general del sistema.
Desde el Estado Nacional, la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro sostuvieron que la central sindical carece de legitimación para representar a la totalidad de los trabajadores y defendieron la validez del proceso de esta reforma laboral. No obstante, mientras no exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad, continuará rigiendo el ajuste de la legislación del trabajo previo en materia de despidos, salarios y garantías colectivas.
Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, consideró la resolución como un avance significativo para el sector gremial, destacando que el fallo incluso abarcó más puntos de los inicialmente señalados. En respuesta, el Ejecutivo anunció que agotará todas las instancias judiciales disponibles para restablecer la vigencia plena de la ley, acusando a los sectores corporativos de intentar obstruir la actualización del mercado de trabajo argentino.


