El Gobierno afina su estrategia para sostener el superávit y cumplir con el FMI
El gobierno nacional ha puesto en marcha un esquema de reducción del gasto público con el objetivo de blindar el superávit fiscal, pilar central de su programa económico y compromiso clave ante el FMI. Tras finalizar el año anterior con un resultado primario positivo del 1,4% del PBI, la administración enfrenta metas más exigentes para este 2026, habiendo pactado con el organismo multilateral un saldo favorable del 2,2%.
Según datos relevados por el medio TN, a pesar de que el primer bimestre acumuló un superávit financiero del 0,1%, la caída real de la recaudación durante siete meses consecutivos obliga al Ejecutivo a profundizar los recortes para compensar la falta de ingresos tributarios y cumplir con las pautas fiscales previstas ante el FMI.
Dentro de las disposiciones para achicar las erogaciones, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el próximo 9 de abril se dará de baja el programa Volver al Trabajo, el cual será reemplazado por un sistema de capacitación laboral mediante vouchers. Esta medida impactará en 900.000 beneficiarios y, de acuerdo con estimaciones de la consultora LCG, representará un ahorro cercano al 0,1% del producto bruto, fortaleciendo la posición ante el ente financiero internacional.
A la par, el Banco Central procedió al cierre de 12 tesoros regionales en diversas provincias, una decisión fundamentada en razones técnicas de eficiencia ante la caída del uso de efectivo, que actualmente representa solo el 2% del PBI frente al 6% histórico debido al auge de los medios de pago electrónicos, cumpliendo con la austeridad que demanda el FMI.
La estrategia de optimización estatal también incluye el cierre de dependencias de la Secretaría de Trabajo en el interior y la apertura de planes de retiro voluntario en organismos como Anses, donde se busca reducir la plantilla en 1.800 agentes, y en Vialidad Nacional, donde ya se inscribieron más de 600 empleados. Desde el Ministerio de Desregulación indicaron que se lleva adelante un proceso de evaluación permanente para eliminar funciones obsoletas o tareas duplicadas conforme a los objetivos de la entidad internacional.
Estas acciones, que también alcanzan a los medios públicos con una meta de 500 desvinculaciones, buscan aliviar el peso del Estado sobre la economía. De esta forma, el equipo económico que encabeza Luis Caputo intenta estabilizar las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad del modelo frente a las revisiones técnicas del FMI en este 2026.


