El Gobierno abrió sumarios contra dos sindicatos del transporte por incumplir la conciliación obligatoria
A través del Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo puso en marcha expedientes administrativos contra los sindicatos de transporte conocidos como La Fraternidad y la UTA tras detectar desobediencias a las conciliaciones obligatorias durante la última medida de fuerza de la CGT.
La Secretaría de Trabajo confirmó por medio de un comunicado que las infracciones fueron debidamente verificadas, lo que dio lugar a las actuaciones correspondientes para determinar la gravedad de los incumplimientos. Según la normativa vigente, estas faltas podrían derivar en sanciones económicas de gran magnitud e incluso poner en riesgo la personería gremial de las entidades conducidas por Omar Maturano y Roberto Fernández, respectivamente.
Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello explicaron que la graduación de los castigos contra estos sindicatos de transporte se basará en el régimen general de sanciones laborales, el cual estipula multas que oscilan entre el 50% y el 2000% del salario mínimo por cada trabajador involucrado. El objetivo oficial es preservar el orden normativo y el interés común frente a las interrupciones del servicio público por parte de las entidades gremiales del sector.
En su defensa, los gremios presentaron argumentos técnicos: los conductores de trenes sostuvieron que la tregua administrativa solo aplicaba a su disputa salarial específica y no a un paro general, mientras que el sindicato de los choferes de colectivos alegó que la restricción solo regía para los trabajadores del interior y no para los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El procedimiento de conciliación obliga a las partes a negociar durante quince días, con posibilidad de prórroga, manteniendo el estado previo al conflicto sin medidas de acción directa de los sindicatos de transporte. Esta decisión del Gobierno sienta un precedente de rigor frente a las organizaciones sindicales de servicios, evocando antecedentes históricos como la sanción impuesta al gremio de Camioneros en 2018.
En aquella oportunidad, la administración de Mauricio Macri aplicó una multa superior a los 800 millones de pesos por una infracción similar, aunque dicho proceso fue anulado posteriormente en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández por considerar que existían imprecisiones en la identificación de los empleados afectados por la medida.
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