El caso Vélez, en el centro de la campaña contra las falsas denuncias que impulsan Losada y Guacci

El caso judicial que involucró a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield adquirió una nueva dimensión pública al incorporarse al debate nacional sobre las falsas denuncias. El 9 de octubre, Andrea Robledo de Guacci publicó en la red social X un video de María de Lourdes Parache, la joven que denunció a los futbolistas en Tucumán en 2024, acompañado de un mensaje en el que la responsabilizó por el daño causado a otras personas.

Guacci es una de las impulsoras de una iniciativa legislativa contra las falsas denuncias que promueve la senadora nacional Carolina Losada. Desde el Frente de Mujeres Argentinas y bajo la consigna “9S”, sostiene que las denuncias falsas pueden generar consecuencias graves para las personas señaladas y sus familias.

La publicación vinculó directamente el caso tucumano con esa campaña. Sin embargo, el estado de los expedientes exige distinguir entre el sobreseimiento de los futbolistas, las investigaciones posteriores y una eventual responsabilidad penal por falsa denuncia, que debe ser determinada por la Justicia.

Qué propone el proyecto de Carolina Losada

La iniciativa impulsada por Losada busca modificar el Código Penal para endurecer las sanciones por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento.

Según los términos del proyecto, se propone elevar la pena prevista actualmente para el delito de falsa denuncia —artículo 245 del Código Penal—, que contempla multa y prisión de dos meses a un año, a una escala de entre uno y tres años de prisión.

Para determinados supuestos agravados, entre ellos las denuncias falsas relacionadas con violencia de género, delitos contra la integridad sexual o hechos que involucren a menores de edad, la propuesta plantea penas de entre tres y seis años.

El proyecto también contempla modificaciones en las sanciones correspondientes a otras conductas que pueden afectar el desarrollo de una investigación judicial.

La iniciativa obtuvo dictamen en el Senado en mayo de 2026. Su objetivo declarado es aumentar las consecuencias penales para quienes denuncien hechos falsos o aporten testimonios falsos. Al mismo tiempo, la propuesta genera controversia por sus posibles efectos sobre las personas que denuncian situaciones reales de violencia.

El antecedente personal de Andrea Robledo de Guacci

La participación de Guacci en esta discusión también está vinculada con un caso que involucra a su esposo, Diego Guacci, exentrenador de selecciones juveniles femeninas.

En 2020, varias futbolistas con pasado en la Selección Argentina presentaron ante la FIFA, a través de FIFPRO, testimonios sobre presuntas situaciones de acoso y abuso sexual atribuidas al entrenador. El caso fue analizado por los organismos deportivos correspondientes.

La FIFA concluyó que las pruebas reunidas no eran suficientes para imponer una sanción. Esa decisión, de acuerdo con lo informado sobre el expediente, no constituyó por sí misma una declaración judicial de que los hechos denunciados no hubieran ocurrido.

La familia Guacci sostiene que las acusaciones fueron falsas y llevó el conflicto al ámbito civil. Robledo de Guacci convirtió esa experiencia en uno de los argumentos de su participación pública contra las falsas denuncias y encontró en la senadora Losada una referente parlamentaria para impulsar cambios legislativos.

De esta manera, la campaña combina una propuesta de reforma penal con experiencias personales de personas que consideran haber sido perjudicadas por acusaciones falsas.

Por qué el caso Vélez se convirtió en un ejemplo para la campaña

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó firme en septiembre de 2026 el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín, denunciados por un hecho ocurrido en marzo de 2024 en un hotel de San Miguel de Tucumán.

La decisión cerró la instancia provincial de revisión del sobreseimiento de los cuatro exfutbolistas. No obstante, no equivale a una condena contra la denunciante por falsa denuncia.

En paralelo, continúan otras actuaciones judiciales vinculadas con el caso. En el fuero federal se investiga una hipótesis de trata de personas y se solicitaron indagatorias para el diputado nacional Carlos Cisneros, la abogada Patricia Neme y Juan Federico Petraglia. Además, en el ámbito provincial hay un legajo que investiga posibles delitos como falso testimonio y estafa procesal.

Estas investigaciones tienen objetos y responsabilidades diferentes. Las hipótesis formuladas por las fiscalías no deben confundirse con hechos probados mediante una sentencia firme.

La difusión del video por parte de Guacci busca instalar el caso como ejemplo de las consecuencias que, a su criterio, pueden tener las denuncias falsas. El expediente tucumano, por su parte, vuelve a quedar en el centro de una discusión que excede a los protagonistas y alcanza al alcance de las sanciones penales y a las garantías de quienes acuden a la Justicia.

Un debate que continúa

La propuesta de Losada se inscribe en una discusión más amplia sobre cómo sancionar las denuncias deliberadamente falsas sin desalentar las denuncias legítimas de violencia sexual o de género.

Quienes respaldan la iniciativa consideran necesario reforzar las consecuencias para quienes utilizan el sistema judicial con acusaciones falsas. Sus críticos advierten que un aumento de las penas podría generar temor entre víctimas que ya enfrentan dificultades para denunciar.

En ese escenario, el caso Vélez funciona como uno de los ejemplos utilizados por quienes impulsan la reforma. La evolución de las investigaciones judiciales y el recorrido legislativo del proyecto serán determinantes para establecer sus alcances y las consecuencias que podría tener una eventual modificación del Código Penal.