Crece la preocupación en Río Negro por el proyecto Argentina LNG: vecinos exigen información sobre riesgos ambientales y de seguridad

Los vecinos advierten que no se han brindado detalles suficientes sobre los riesgos ambientales, sociales, territoriales y de seguridad que podría implicar la instalación del complejo de Gas Natural Licuado (GNL).

Entre los puntos señalados, solicitan precisiones sobre:

• Controles previstos ante la liberación de fluidos criogénicos, tóxicos e inflamables.
• Protocolos de prevención, monitoreo, contingencia y detección temprana.
• Autoridades responsables de control y fiscalización.
• Estudios de riesgo tecnológico y escenarios de accidente mayor.

Asimismo, exigen información detallada sobre medidas de seguridad ante posibles atentados o incidentes intencionales, incluyendo mapas de zonas de exclusión y uso restringido, evaluaciones estratégicas del complejo y protocolos de seguridad marítima, aérea y terrestre.

También reclaman:

• Garantías de cumplimiento de la Ley General del Ambiente y normativas de Áreas Naturales Protegidas.
• Estudios de impacto acumulativo sobre biodiversidad, paisaje y actividades económicas.
• Detalles sobre el manejo de residuos de la desalinización de agua de mar.
• Consultas previas, libres e informadas a comunidades originarias conforme el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
• Evaluaciones sobre impactos socioeconómicos y turísticos en Las Grutas y San Antonio Oeste.

En el documento, los vecinos advierten que en el actual contexto internacional de conflictos bélicos y ataques a infraestructuras energéticas, la instalación de un buque factoría de GNL que —según sostienen— no respetaría recomendaciones internacionales como las de la Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO), podría constituir un objetivo estratégico de alto riesgo.

Finalmente, señalaron que el obispo Esteban Laxague informó que el pasado 9 de febrero remitió un Pedido de Informes al gobernador provincial, del cual aún no obtuvo respuesta.

El proyecto continúa generando debate en la región, en medio de reclamos por mayor transparencia y acceso a la información pública.