Celulares en la cárcel: los dos casos que reabrieron el debate esta semana

Por admin Últimas Noticias

El uso de teléfonos móviles dentro de la cárcel volvió a estar en el centro de la discusión tras dos episodios que expusieron cómo estas herramientas se convierten en verdaderas armas para el delito. Por un lado, la investigación sobre la «pyme del delito» que operaba desde las Unidades 36 de Magdalena y 26 de Olmos reveló que el soldado Rodrigo Gómez, granadero en la Quinta de Olivos, fue víctima de una extorsión digital que lo llevó al suicidio. Por otro, el violento asalto a la casa de Mónica Mancini, organizado por la denominada Banda del Millón, también fue coordinado desde prisión.

En el caso Gómez, la maniobra se inició con un perfil falso en una aplicación de citas y derivó en amenazas desde la Unidad Penitenciaria, pedidos de dinero y un nivel de presión psicológica que quedó reflejado en la carta que dejó antes de quitarse la vida. La investigación confirmó que los internos utilizaban celulares de manera sistemática para montar esquemas de extorsión y estafas, con división de tareas y administración de recursos, lo que las autoridades definieron como verdaderas «pymes del delito dentro de la cárcel«.

El segundo episodio ocurrió el 9 de enero, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda de Mancini, conocida como «la abuela influencer», de 82 años, en San Isidro. «Callate porque te matamos», fue la amenaza que recibió la mujer mientras era reducida por los intrusos. La investigación determinó que el ataque fue planificado por Brandon Imanol Brites, supuesto líder de la Banda del Millón, detenido en la Unidad Penitenciaria N°45 de Melchor Romero, acusado de ser autor intelectual de al menos 11 robos similares.

Ambos casos muestran cómo el acceso irrestricto a teléfonos móviles dentro de las prisiones permite a los internos coordinar delitos complejos, desde extorsiones digitales hasta robos violentos. Durante la pandemia se habilitó el uso de estos dispositivos para garantizar contacto familiar, pero la falta de regulación clara derivó en que se transformaran en herramientas para el crimen organizado intramuros.

Jonathan Luna, desde prisión, se comunicó con la madre de su víctima y le prohibieron el acceso a los dispositivos en 2025.

La reiteración de episodios como estos reabre el debate sobre la necesidad de revisar la normativa vigente y limitar el acceso al uso del celular en la cárcel. Las autoridades coinciden en que un teléfono dentro de un pabellón es un arma capaz de generar estafas, extorsiones y ataques violentos, lo que obliga a repensar políticas de seguridad para frenar un fenómeno que es cada vez más común en Argentina.

Celulares en prisión: el origen de dos casos que reabrieron el debate

El uso de celulares en las cárceles se aprobó en 2020.

El uso de teléfonos móviles en las cárceles fue autorizado en marzo de 2020, al inicio de la pandemia, con el objetivo de que los internos mantuvieran contacto con sus familias. La medida, impulsada por pedido judicial, se mantuvo en el tiempo sin una regulación clara sobre sus alcances.

Hoy, esa habilitación está en el centro de la polémica tras casos como el suicidio del soldado Rodrigo Gómez y el violento asalto a Mónica Mancini. Pero estos episodios no son los primeros y tampoco serán los últimos hasta que no haya restricción más severa.

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