Caso Rudnev: otra ONG europea denunció al fiscal Arrigo y pidió que sea sancionado y apartado de la causa

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — Una organización europea de derechos humanos denunció disciplinariamente al fiscal federal Oscar Fernando Arrigo ante la Procuración General de la Nación por su actuación en la causa contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, imputado por presunta trata de personas en Bariloche.

La presentación pide que se investigue su desempeño y se determinen eventuales responsabilidades funcionales. 

Si se comprueban las irregularidades denunciadas, también reclama que se apliquen sanciones y que el fiscal sea apartado del expediente.

La denuncia lleva la firma de Bashy Quraishy, secretario general de EMISCO (European Muslim Initiative for Social Cohesion), una organización de la sociedad civil con sede en Estrasburgo, Francia, dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa.

El escrito fue enviado el 2 de noviembre a la Mesa de Entradas de la Procuración General, con copia a la Secretaría Disciplinaria y Técnica. 

Un día después, el Ministerio Público Fiscal confirmó oficialmente su recepción y su registro bajo el número CUDAP: EXP-MPF:0001625/2026, según la comunicación enviada al denunciante.

La confirmación acredita que el reclamo ingresó formalmente al organismo encargado de controlar la actuación disciplinaria de los fiscales nacionales y federales. 

La Procuración deberá evaluar los hechos denunciados y resolver si corresponde impulsar una investigación administrativa o adoptar otra medida dentro de sus competencias.

EMISCO, fundada en La Haya en 2010 y registrada en Estrasburgo, afirma que interviene por su preocupación ante el tratamiento judicial de las minorías religiosas y las consecuencias de asimilar determinadas prácticas espirituales a actividades criminales.

La entidad señala que participa en ámbitos vinculados con el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). 

En su presentación advierte que el uso de la etiqueta de “secta” puede estigmatizar a grupos minoritarios y condicionar la interpretación de las conductas de sus integrantes.

El primer cuestionamiento se refiere al tratamiento de Elena Makarova, la ciudadana rusa identificada como presunta víctima de trata, quien manifestó en reiteradas ocasiones no haber sufrido explotación ni delito alguno por parte de Rudnev.

 La organización sostiene que la Fiscalía habría desatendido las presentaciones en las que la mujer rechazaba expresamente su condición de víctima, algo que considera especialmente grave por el peso de su testimonio en la investigación. Por eso reclama establecer qué respuesta recibieron sus declaraciones y si se respetaron los derechos que le reconoce la legislación argentina.

Entre los episodios señalados figura una carta manuscrita que Makarova habría dirigido el 13 de junio de 2025 al juez federal Gustavo Zapata, en la que afirmaba no considerarse víctima y pedía ser excluida de esa condición procesal. 

Según la denuncia, el documento fue remitido a la Fiscalía cuatro días después, pero no habría sido puesto oportunamente en conocimiento del magistrado.

 EMISCO solicita que la Procuración investigue qué ocurrió con esa presentación y si hubo alguna omisión funcional.

La organización recuerda además que, durante septiembre de 2025, Makarova realizó nuevas presentaciones y promovió una recusación en las que cuestionó la actuación fiscal.

Según el escrito, la mujer denunció presuntas presiones para aceptar su condición de víctima, restricciones para comunicarse con su abogado y situaciones de aislamiento junto a su hijo recién nacido. 

EMISCO sostiene también que la Fiscalía se negó por escrito a participar de una audiencia celebrada el 19 de septiembre de 2025, y pide examinar si ese episodio afectó los derechos de la presunta damnificada.

El segundo eje de la denuncia apunta a los reiterados pedidos de prisión preventiva formulados durante la investigación. El escrito reconstruye distintas intervenciones del Ministerio Público Fiscal entre abril de 2025 y junio de 2026, incluidas solicitudes de prórroga de la detención y recursos contra decisiones que habían concedido el arresto domiciliario. 

EMISCO pide establecer si cada una de esas medidas estuvo respaldada por riesgos procesales concretos y si se evaluaron alternativas menos restrictivas, como el monitoreo electrónico y la permanencia en un domicilio acreditado.

La presentación menciona que el 17 de octubre de 2025 el juez Zapata concedió a Rudnev el arresto domiciliario con vigilancia electrónica, una decisión que la Fiscalía impugnó y que luego fue revocada. 

También señala que en abril de 2026 se dispuso nuevamente esa modalidad de detención, pero el Ministerio Público Fiscal recurrió ante la Cámara Federal de Casación Penal, que la revocó el 4 de junio.

Para la denunciante, la reiteración de estos planteos obliga a revisar si las decisiones fiscales respetaron los principios de necesidad y proporcionalidad que rigen las medidas cautelares.

El tercer eje se refiere al deterioro de la salud de Rudnev y a la valoración que la Fiscalía habría hecho de los informes médicos incorporados al expediente.

EMISCO menciona estudios de neurología, cardiología, cirugía y traumatología que describen diversas afecciones, entre ellas daño nervioso en ambas manos, problemas cardiovasculares y dificultades de movilidad. 

La organización afirma que el Ministerio Público Fiscal habría mantenido posiciones favorables al alojamiento penitenciario pese a conocer las advertencias médicas sobre el estado físico del imputado, por lo que reclama investigar cómo se ponderaron esos antecedentes.

Uno de los documentos centrales citados es el informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal del 8 de octubre de 2026.

Ese dictamen concluyó que Rudnev “no reúne las condiciones físicas para permanecer alojado en un establecimiento penitenciario”. 

La denuncia considera que esa evaluación obliga a revisar las posiciones sostenidas por los representantes fiscales y a determinar si hubo omisiones en la protección de la salud del detenido. 

El planteo invoca las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas y los estándares internacionales sobre personas privadas de libertad, aunque hasta el momento no se ha establecido ninguna responsabilidad disciplinaria.

La cuarta cuestión se dirige a la responsabilidad funcional de Arrigo como titular de la dependencia fiscal interviniente. 

EMISCO reconoce que varias de las posiciones cuestionadas fueron sostenidas en audiencias por otros representantes del Ministerio Público Fiscal, entre ellos Gustavo Révora y Tomás Labal. 

Por ese motivo, no le atribuye automáticamente cada una de esas actuaciones, sino que pide determinar si las dispuso, aprobó o consintió, y si ejerció adecuadamente sus deberes de dirección y supervisión. 

Esa distinción es uno de los aspectos centrales del reclamo administrativo.

La denuncia también plantea un cuestionamiento sobre el deber de objetividad de los fiscales y la obligación de valorar tanto los elementos de cargo como los que podrían favorecer a los investigados.

EMISCO solicita que la actuación de Arrigo sea examinada a la luz de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y los tratados internacionales de derechos humanos. 

La organización sostiene que la gravedad de una imputación por trata de personas no exime a los investigadores de fundamentar sus decisiones ni de respetar las garantías de los imputados y de quienes son identificados como víctimas.

Según EMISCO, su presentación se suma a otra denuncia disciplinaria formulada previamente contra el mismo fiscal por el Observatorio Internacional sobre la Libertad Religiosa de los Refugiados (ORLIR). 

La entidad europea explica que tomó como referencia 29 anexos documentales individualizados en aquel escrito, y pidió a la Procuración que requiera actuaciones judiciales, escritos fiscales, registros de audiencias e informes médicos para verificar sus cuestionamientos.

En su petitorio final, EMISCO solicita que la Procuración investigue las acciones y omisiones atribuidas a Arrigo, determine si constituyen incumplimientos de sus deberes funcionales y abra el procedimiento disciplinario correspondiente si se verifican los hechos denunciados. 

También reclama sanciones y el reemplazo del fiscal en la investigación, por lo que considera una afectación de los derechos de Rudnev y de la mujer identificada como víctima. 

Con la denuncia ya registrada, el próximo paso dependerá de la evaluación de las autoridades del Ministerio Público Fiscal, mientras sigue abierta la causa penal en Bariloche.

 Agencia NA