Caja Popular: cuestionan un contrato de más de $300 millones con el estudio de Saravia Frías

El organismo de control tomó conocimiento de la declaración de nulidad absoluta e insanable del contrato y ordenó que se avance con la documentación necesaria para determinar si existió un perjuicio para el patrimonio público y, en ese caso, quiénes serían los responsables.

La contratación había sido realizada durante la gestión del entonces interventor José César Díaz, en un período en el que la conducción de la Caja estaba vinculada políticamente al sector encabezado por el diputado nacional Carlos Cisneros.

Un contrato por más de $300 millones

Según el Acuerdo N.º 2855, la contratación tuvo como objetivo brindar asesoramiento y representación de la Caja Popular ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), además de intervenir en gestiones relacionadas con servicios de pago.

El Tribunal señaló que la entidad terminó abonando $300.306.456,75 al estudio. El monto total facturado, según la documentación analizada, superó los $308 millones e incluyó honorarios y gastos de traslado y viáticos.

Entre las observaciones formuladas aparecen cuestionamientos sobre la modalidad de contratación, la competencia de los funcionarios que intervinieron en su autorización, la falta de controles preventivos y la documentación disponible para acreditar las tareas realizadas.

El organismo también señaló que parte de las gestiones contratadas ante el Banco Central podían realizarse de manera virtual y gratuita, y detectó una posible superposición con servicios jurídicos que ya eran prestados por otro profesional.

La multa que ya había sido abonada

Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos está relacionado con una multa de aproximadamente $108 millones impuesta por el Banco Central.

De acuerdo con las actuaciones citadas, la sanción ya había sido abonada por la Caja Popular antes de la contratación del estudio, pese a que posteriormente se incluyeron gestiones vinculadas con esa cuestión.

El Tribunal también observó que los honorarios pactados resultaban elevados en comparación con el monto de la multa y que existían gastos cuya documentación respaldatoria no aparecía incorporada al expediente.

Qué dijo el Tribunal de Cuentas

La declaración de nulidad no implica, por sí misma, que el organismo de control haya determinado que todo el dinero abonado constituya un daño patrimonial. El propio Tribunal dejó planteada la necesidad de determinar eventuales responsabilidades a partir de la información que surja de la investigación administrativa.

La actual intervención de la Caja Popular, encabezada por Guillermo Norry, dispuso una información sumaria para analizar las actuaciones y establecer las posibles responsabilidades disciplinarias.

El Tribunal solicitó que, una vez finalizada esa investigación, se remitan las pruebas y antecedentes necesarios para evaluar la eventual responsabilidad patrimonial de los funcionarios que participaron en la contratación y en los pagos.

Quién es Bernardo Saravia Frías

Bernardo Saravia Frías es abogado y fue Procurador del Tesoro de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri, entre 2017 y 2019.

También tuvo participación en asuntos jurídicos de relevancia para el Estado nacional y en litigios relacionados con el caso YPF en Estados Unidos. Actualmente integra el estudio Saravia Frías Abogados, especializado en derecho público, administrativo, financiero y empresarial.

El estudio también había asumido la representación de la Caja Popular ante el Banco Central. Sin embargo, en julio de 2026 presentó su renuncia y argumentó falta de pago de honorarios y ausencia de instrucciones por parte de la nueva conducción de la entidad.

Otro capítulo en la interna por la Caja Popular

El expediente se conoce en un contexto de fuerte disputa política entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el diputado nacional Carlos Cisneros, cuyo sector tuvo durante años influencia sobre la Caja Popular.

La actual conducción de la entidad viene revisando decisiones adoptadas durante la administración anterior y ya avanzó con distintas actuaciones administrativas.

Ahora, el foco está puesto en el contrato con el estudio Saravia Frías: más de $300 millones ya fueron abonados y el Tribunal de Cuentas busca determinar qué servicios fueron efectivamente prestados y si correspondía el gasto realizado.

La investigación administrativa será la que permita establecer si existió un perjuicio concreto para el patrimonio de la Caja y, eventualmente, las responsabilidades que pudieran corresponder.

Fuente: documentación y actuaciones citadas del Tribunal de Cuentas de Tucumán. La información sobre eventuales responsabilidades se encuentra bajo investigación y no implica, por sí misma, una condena ni atribución definitiva de responsabilidad.