La senadora Patricia Bullrich denunció a Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino ante el Comité de Ética de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) por presuntas violaciones al código de ética y a la política anticorrupción del organismo deportivo. “En particular, en lo relativo a los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencias en las contrataciones, uso adecuado de los recursos y prevención de lavado de activos”, detalló la exministra de Seguridad en el escrito.
En redes sociales, la legisladora de La Libertad Avanza fue más punzante contra los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino. “Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia el futbol argentino. A las mansiones, Ferraris y toda esa plata que venimos viendo en los noticieros, me preguntó: ¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y la Selección?, ¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?, ¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?”, interrogó Bullrich.
A raíz de esta situación, el periodista Diego Brancatelli respondió el tuit de la dirigente libertaria posteando lo siguiente: “Argentina puede quedarse afuera del Mundial ¿Se imaginan el 2026 sin el último mundial de Messi? Sí. Es posible y gracias a la irresponsable e inoperante Patricia Bullrich. Boca, Estudiantes (y el resto) sin Copa Libertadores. Racing, River, sin Copa Sudamericana. No sé. Yo que vos pienso de qué lado de la mecha te ubicas”. Ademas de ser un mensaje retórico contra la senadora nacional, por parte del comunicador, el señalamiento fue una cruda advertencia sobre las consecuencias de incrementar la presión política sobre la AFA.
La posibilidad de que la FIFA sancione a una federación nacional por injerencia política o por conflictos institucionales graves no es una hipótesis teórica, sino un mecanismo previsto expresamente en sus estatutos y aplicado en reiteradas ocasiones. El artículo 14 y, sobre todo, el artículo 19 del Estatuto del organismo deportivo establecen que las asociaciones miembro deben administrar sus asuntos de manera independiente y sin la influencia de terceros, incluidos los gobiernos, y advierten que el incumplimiento puede derivar en suspensiones que afectan directamente la participación de selecciones y clubes en competencias internacionales.
En ese marco, una denuncia judicial contra directivos de la AFA o una intervención directa del poder político —por ejemplo, a través de una intervención administrativa, la remoción forzada de autoridades o la imposición de veedores con poder decisorio— podría ser interpretada por la entidad conducida por Gianni Infantino como una violación a la autonomía de la asociación. El organismo rector del fútbol mundial ha sido consistente en señalar que los conflictos internos deben resolverse dentro de los marcos estatutarios y judiciales propios del fútbol, sin presión externa que condicione elecciones o sanciones.
Los antecedentes internacionales refuerzan esa advertencia. En los últimos años, federaciones como las de Nigeria, Ghana, Pakistán y, más recientemente, Indonesia y Kenia, fueron suspendidas temporalmente por injerencia estatal o por disputas judiciales que derivaron en la paralización de sus órganos de conducción. En todos esos casos, la sanción implicó la exclusión inmediata de selecciones nacionales y clubes de torneos FIFA y confederativos hasta que se restituyó la plena autonomía institucional.
En ese aspecto, el mecanismo es claro: ante una situación considerada grave, el Consejo de la FIFA puede disponer la suspensión de la asociación miembro. Esa medida no distingue entre categorías ni géneros y alcanza tanto a la selección mayor como a juveniles, fútbol femenino y futsal. En términos prácticos, una sanción de ese tipo dejaría automáticamente fuera de competencia a la Selección argentina de eliminatorias, amistosos oficiales y, si el castigo coincidiera con el calendario, incluso del Mundial, sin margen de apelación deportiva.
Sin embargo, en Zurich suelen aclarar que no se opone a las investigaciones judiciales por presuntos delitos comunes —como lavado de dinero o administración fraudulenta— siempre que estas no impliquen la intervención directa en la gobernanza del fútbol. Pero, cuando una causa penal deriva en decisiones que alteran la estructura de poder de una federación o condicionan su proceso electoral, el organismo interpreta que existe una interferencia incompatible con sus normas.
En el caso argentino, cualquier avance político o judicial sobre la entidad encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia sería analizado, especialmente por el peso deportivo y simbólico de la selección campeona del mundo. Fuentes vinculadas a FIFA señalan que el organismo prioriza la estabilidad institucional y que, ante un conflicto, suele exigir garantías formales de independencia, cronogramas electorales claros y la restitución del control pleno a las autoridades reconocidas antes de levantar una eventual sanción.
Por eso, más allá del debate local, la advertencia que dio a conocer Brancatelli es concreta. Según el máximo organismo del fútbol mundial, una escalada de injerencia política o una judicialización que derive en intervención directa a la AFA podría activar algún castigo deportivo. La experiencia internacional muestra que la FIFA no duda en aplicar sanciones ejemplares cuando considera que se vulnera la autonomía del fútbol, aun cuando el costo sea dejar a millones de hinchas sin ver a su selección en una Copa del Mundo.
