Auditoría del Gobierno a la Cooperativa 127 Hectáreas por la cesión de tierras del IPVU

El Gobierno de Neuquén puso en marcha una auditoría sobre la Cooperativa 127 Hectáreas para revisar la administración de terrenos cedidos por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). La medida fue dispuesta mediante una resolución conjunta de los ministerios de Infraestructura y de Gobierno, con el objetivo de verificar el estado de las tierras, las obras ejecutadas y el cumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios suscriptos con la Provincia.

Mientras se desarrolla la auditoría, Jorge Salas, presidente de la cooperativa y exdirector de Hábitat del IPVU hasta febrero de 2025, enfrenta una investigación penal por presuntas estafas relacionadas con proyectos de viviendas y loteos. La causa, a cargo de la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero, reúne al menos 32 denuncias, aunque representantes de los damnificados sostienen que la cantidad de afectados superaría las 1.400 personas.

La comisión que tiene a su cargo la auditoría deberá inspeccionar tres fracciones que suman poco más de 38 hectáreas, cedidas en tenencia precaria mediante los decretos 790/10, 1800/12 y 963/15. Entre sus funciones figura determinar si existen ocupaciones o construcciones realizadas sin autorización del IPVU, identificar a las personas o empresas que promovieron o ejecutaron las obras y verificar si las intervenciones respetaron las condiciones fijadas en el convenio firmado entre la Provincia y el Estado nacional en 2003, junto con sus posteriores modificaciones.

El equipo técnico tendrá un plazo de 60 días para elaborar un informe, con posibilidad de prórroga en caso que la complejidad del relevamiento lo requiera. Si la investigación detectara hechos que pudieran afectar el patrimonio provincial o configurar posibles delitos, deberá remitir un informe a las autoridades de los ministerios involucrados y al presidente del IPVU para que se evalúe la presentación de acciones administrativas o judiciales.

La investigación administrativa se desarrolla en paralelo con la causa penal que analiza operaciones vinculadas a desarrollos inmobiliarios en La Sirena Unificada, La Meseta y Centenario. En este expediente también solicitó intervenir como querellante la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), que reclama la entrega de 44 viviendas destinadas a docentes afiliados. Mientras tanto, la comisión auditora comenzó el relevamiento que permitirá determinar si existieron irregularidades en la utilización de tierras públicas y en la ejecución de los proyectos habitacionales.