Argentina puso en marcha el nuevo Régimen Penal Juvenil: baja la edad de imputabilidad a 14 años

El último sábado comenzó a regir en todo el territorio argentino el Régimen Penal Juvenil, una normativa que introduce cambios profundos en la responsabilidad penal de los adolescentes. La nueva ley establece que, a partir de los 14 años, los jóvenes podrán ser imputados y enfrentar sanciones que van desde medidas alternativas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

El abogado penalista Alejandro Otte explicó que la norma prevé un sistema escalonado de responsabilidad, con el objetivo de priorizar la reinserción social. Para delitos menores, este Régimen Penal Juvenil contempla trabajos comunitarios, cursos o medidas de conducta, mientras que en casos más graves se habilita la posibilidad de prisión, aunque con límites específicos.

En detalle, los delitos con penas menores a tres años no implicarán prisión, sino medidas alternativas. Para condenas de hasta seis años, los jueces podrán aplicar el criterio de oportunidad y prescindir de la acción penal si se trata de la primera vez y no hubo violencia extrema.

Cuando las penas previstas sean de entre seis y diez años, la Justicia podrá optar por prisión o medidas alternativas como tareas comunitarias, restricciones de contacto o prohibiciones de consumo de alcohol y drogas. En los casos más graves, con condenas superiores a diez años, la sanción será prisión efectiva, pero con un máximo de 15 años, incluso si el Código Penal prevé penas mayores.

El Régimen Penal Juvenil marca un cambio estructural en la justicia argentina, al buscar un equilibrio entre sancionar conductas graves y ofrecer alternativas de reinserción. Su implementación será clave para evaluar el impacto en la seguridad pública y en la protección de los derechos de los adolescentes, en un contexto donde la sociedad demanda respuestas frente a delitos cometidos por menores de edad.

La Pastoral Judicial advirtió sobre riesgos del nuevo Régimen Penal Juvenil

La Pastoral Judicial exhortó a las autoridades a garantizar que la aplicación del Régimen Penal Juvenil no agrave la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Señaló que la privación de libertad debe ser una medida excepcional y recordó que más de la mitad de las infancias vive en hogares pobres, según datos de la UCA.

El comunicado expresó preocupación por el impacto del régimen en menores que atraviesan exclusión social y mencionó el avance del narcotráfico en zonas donde el Estado se repliega. Además, recuperó las «Reglas Papa Francisco» y subrayó que no se debe castigar con prisión a quienes sufren consecuencias directas de la exclusión o de violencias estructurales.