Valenzuela ratificó ante la Justicia Federal la denuncia contra el diputado Carlos Cisneros

Valenzuela ratificó ante la Justicia Federal la denuncia contra el diputado Carlos Cisneros

El periodista confirmó ante el Juzgado Federal N.º 4, a cargo de Ariel Lijo, la presentación por presuntas irregularidades en las declaraciones juradas patrimoniales del legislador tucumano. La denuncia cuestiona la evolución de sus bienes entre 2019 y 2025 y solicita investigar posibles omisiones e inconsistencias.

Uno de los principales puntos cuestionados es la evolución de los bienes declarados por Cisneros. Según los datos incorporados a la presentación, su patrimonio pasó de $2.266.226,63 al inicio de 2019 a $705.393.952,81 al cierre de 2025. El patrimonio neto informado para ese último ejercicio fue de $700.334.234,48.

La denuncia sostiene que ese crecimiento no estaría suficientemente explicado por los ingresos y gastos consignados en las declaraciones juradas. También señala diferencias en la información sobre propiedades, participaciones societarias y otras fuentes de ingresos.

Los puntos que cuestiona la denuncia

Entre las observaciones planteadas por Valenzuela aparecen los $112.821.000 declarados como “ingresos no alcanzados” durante 2021 y 2022, sin una identificación detallada de su origen, según el escrito.

Además, la presentación cuestiona la información sobre distintas propiedades, entre ellas inmuebles ubicados en Tafí del Valle y Yerba Buena. De acuerdo con el denunciante, existirían diferencias en las superficies consignadas, en las fechas de adquisición y en la titularidad de algunos bienes.

Otro de los puntos se refiere a las participaciones empresariales de Cisneros. La denuncia menciona a Emprendimientos Argentinos S.A.S., cuya participación fue valuada en $338.199.016 al cierre de 2025, y sostiene que desde 2023 dejó de identificarse expresamente la sociedad en las declaraciones.

También se plantean posibles omisiones respecto de una participación en AYM Producciones S.A.S. y de una relación laboral con Banco Macro que, según registros citados en la presentación, existiría desde octubre de 2019.

Qué pide investigar la ampliación

En la ampliación ratificada ante el juzgado, Valenzuela solicitó que la investigación contemple otras posibles figuras penales, entre ellas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, lavado de activos y administración fraudulenta vinculada con fondos de la Asociación Bancaria.

El escrito también pide analizar la posible participación de familiares y otras personas vinculadas al diputado, además de requerir información a organismos nacionales y provinciales, entre ellos ARCA, la Superintendencia de Servicios de Salud y la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

Respecto de esta última institución, la presentación plantea interrogantes sobre la relación entre la actividad societaria atribuida a Cisneros y el negocio de los juegos de azar, que se desarrolla bajo regulación de la Caja Popular.

La causa quedó en manos del Juzgado Federal de Lijo

La denuncia se tramita en Comodoro Py porque, según el planteo presentado, las declaraciones juradas cuestionadas fueron realizadas ante organismos nacionales y la investigación involucra el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales de un funcionario público nacional.

La documentación ofrecida incluye declaraciones juradas, informes del Registro Inmobiliario de Tucumán y publicaciones del Boletín Oficial, entre otros elementos.

La ratificación constituye una instancia del proceso judicial. Las irregularidades señaladas forman parte de la denuncia y deberán ser analizadas por la Justicia, que tendrá que determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y establecer eventuales responsabilidades.

Fuente: El Federalista

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