Tucumán: proponen que las empresas repongan electrodomésticos dañados sin esperar el final del juicio
La Comisión de Legislación General de la Legislatura provincial dio dictamen por unanimidad de los presentes a un proyecto que modifica la Ley de Procedimiento Administrativo. La iniciativa busca que las empresas de servicios públicos cumplan las resoluciones del ERSEPT, aunque decidan cuestionarlas por las vías legales correspondientes.

El objetivo es evitar que las apelaciones suspendan el cumplimiento de las medidas dispuestas por el organismo de control y que los usuarios deban esperar hasta la resolución definitiva del conflicto para recibir una reparación por los daños reconocidos, como la reposición de un electrodoméstico afectado por inconvenientes en la prestación del servicio.
Las empresas deberán cumplir mientras continúa el reclamo
El presidente de la comisión, Gerónimo Vargas Aignasse, explicó que la iniciativa busca que las empresas se hagan cargo de los daños reconocidos por el ERSEPT sin que eso les impida continuar con las instancias legales que consideren pertinentes.
“Lo que queremos con la modificación es que las empresas prestatarias de servicios públicos cumplan con las medidas interpuestas por el ERSEPT; es decir, que se hagan cargo del electrodoméstico dañado y sigan con el litigio hasta que se resuelva el planteo”, señaló.
El legislador aclaró que, si al finalizar el proceso se determina que la empresa no tenía la obligación de realizar la reposición, el usuario deberá devolver el electrodoméstico entregado.
De esta manera, el proyecto busca compatibilizar el derecho de las empresas a cuestionar las resoluciones con la necesidad de brindar una respuesta más rápida a los usuarios que sufrieron daños.
Avanza el tratamiento legislativo
El dictamen fue aprobado por unanimidad de los legisladores presentes en la reunión de la Comisión de Legislación General.
Además de Vargas Aignasse, participaron los legisladores Mario Leito, Walter Berarducci y Sara Assan.
La iniciativa continuará su recorrido legislativo antes de una eventual aprobación definitiva. Su objetivo central es fortalecer la protección de los usuarios de servicios públicos y evitar que los reclamos por daños reconocidos por el organismo regulador queden sin una solución inmediata mientras se resuelven las controversias administrativas o judiciales.

