Tucumán avanza en la adecuación de su sistema penal juvenil a la Ley 27.801

La iniciativa, analizada por la comisión que preside el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, contempla modificaciones para adaptar los procedimientos provinciales al nuevo marco nacional y establece un marco legal específico para el funcionamiento del Instituto Cura Brochero, ubicado en Benjamín Paz.

La Ley 27.801 establece un nuevo régimen de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años y reemplazó el régimen anterior. Entre sus objetivos se encuentran la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes alcanzados por la normativa.

Adecuación del sistema provincial

Tras la reunión de la comisión, Vargas Aignasse explicó que la entrada en vigencia de la legislación nacional plantea la necesidad de adecuar los procedimientos y dispositivos provinciales.

En ese marco, señaló que Tucumán debe contar con las condiciones necesarias para atender a los adolescentes que eventualmente sean privados de su libertad, tanto desde el punto de vista de la infraestructura como de la contención y el acompañamiento.

El legislador destacó que el Instituto Cura Brochero, que funciona en Benjamín Paz, ya se encuentra operativo y que el proyecto busca otorgarle un marco legal específico dentro del nuevo esquema.

“El objetivo es que cumplan con la ley por el delito cometido, pero que podamos, a partir de la intervención del Estado, ponerle fin a sus trayectorias criminales”, sostuvo Vargas Aignasse.

En esa línea, planteó que el abordaje debe contemplar aspectos vinculados con la educación, la recuperación de consumos problemáticos y otras situaciones que puedan haber incidido en la trayectoria de los adolescentes, con el objetivo de favorecer su reinserción social.

Un trabajo entre los tres poderes

Vargas Aignasse también destacó que el proyecto fue trabajado con aportes de distintos organismos de los tres poderes del Estado, en el marco de las reuniones realizadas para coordinar la implementación del nuevo régimen.

En las últimas semanas, autoridades de la Legislatura, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Pupilar y de la Defensa analizaron distintos aspectos relacionados con la aplicación de la Ley 27.801 en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia provincial también encabezó reuniones de trabajo para avanzar en la coordinación del nuevo esquema.

El objetivo de la adecuación es establecer los mecanismos provinciales necesarios para la aplicación del régimen nacional y garantizar la intervención de organismos especializados.

El debate sobre la edad de imputabilidad

Durante sus declaraciones, Vargas Aignasse también expresó su posición personal a favor de una reducción de la edad de imputabilidad y sostuvo que Tucumán cuenta con condiciones para implementar políticas destinadas a la recuperación y reinserción de adolescentes.

La Ley 27.801 establece el régimen penal para adolescentes desde los 14 años y contempla un esquema específico de responsabilidad, medidas y sanciones. La normativa comenzó a regir el 5 de septiembre de 2026.

El dictamen favorable de la Comisión de Legislación General constituye un paso dentro del tratamiento legislativo. El proyecto deberá continuar su recorrido parlamentario antes de convertirse, eventualmente, en ley provincial.

De la reunión participaron los legisladores Walter Berarducci, Carolina Vargas Aignasse, Sara Assán, Christian Rodríguez y José Macome.