César Parra debutó en la Legislatura oponiéndose al narcotest para diputados

La Legislatura de Neuquén dio un nuevo paso para aplicar controles toxicológicos obligatorios a los diputados provinciales, una medida que el Poder Ejecutivo ya implementa desde hace meses en funcionarios de alto rango. El proyecto obtuvo despacho por mayoría en la comisión de Derechos Humanos y ahora avanza hacia su tratamiento dentro de la Cámara.

El dato político de la jornada fue el voto en contra de César Parra, diputado de la banca de izquierda, quien asumió hace apenas unos días en reemplazo de Andrés Blanco, como parte del sistema de bancas rotativas que sostiene la izquierda neuquina. Parra pertenece al Partido Obrero, espacio que en Neuquén conduce Patricia Jure, una de las históricas referentes de ATEN Capital.

Mientras la mayoría de los bloques acompañó la implementación de controles para funcionarios públicos, la izquierda eligió quedar ubicada en el único lugar posible de resistencia frente a una medida de transparencia institucional. El contraste fue evidente: Comunidad, MPN, PRO-NCN, UxP, Democracia Neuquén, JxC y Juntos votaron a favor, mientras Parra quedó como la única voz en contra.

El narcotest fue impulsado por el gobernador Rolando Figueroa y aprobado por ley. En el Ejecutivo provincial ya se aplica con periodicidad y ahora la Legislatura busca establecer el procedimiento específico para los diputados, ya que en ese ámbito la implementación debe instrumentarse mediante una resolución de Cámara.

Un debut marcado por el rechazo a los controles

La comisión analizó dos iniciativas: una presentada por la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia, Zulma Reina, del bloque Comunidad, y otra impulsada por el diputado Claudio Domínguez, del MPN. Finalmente, el despacho avanzó sobre la propuesta de Domínguez, con aportes incorporados durante el debate.

Domínguez explicó que el procedimiento debe ser “fácil, ágil, dinámico, in situ, sorpresivo y aleatorio”. La propuesta establece que el control abarcará a los 35 diputados provinciales y que se realizará de manera bimestral, antes de las sesiones de Cámara y de las reuniones de comisión.

El área de Medicina Laboral será la encargada de coordinar la intervención técnica, con el acompañamiento administrativo e institucional de la Secretaría de Cámara. La idea es que el sistema no quede librado a la voluntad individual de cada legislador, sino que funcione bajo reglas comunes, periódicas y obligatorias.

En ese escenario, el rechazo de Parra quedó como una señal política fuerte: el diputado que acaba de asumir eligió estrenarse enfrentando una herramienta de control sobre quienes ocupan cargos públicos. Su argumento fue que la ley de controles toxicológicos no contribuye a combatir el narcotráfico ni a generar políticas de contención frente a las adicciones.

El planteo del legislador de izquierda apuntó además a que estas propuestas, según su mirada, penalizan el consumo. Sin embargo, la discusión en comisión no giraba sobre usuarios en situación de vulnerabilidad, sino sobre funcionarios públicos y legisladores que toman decisiones institucionales y deben cumplir estándares de responsabilidad frente a la ciudadanía.

El narcotest no fue presentado como política de persecución penal ni como reemplazo de programas de salud. Su objetivo dentro del Estado es otro: establecer un mecanismo de control para quienes ejercen funciones de conducción, administran recursos públicos y participan en la sanción de leyes.