Tras el caso Agostina, el Gobierno vuelve a impulsar la reforma del Código Penal
El Gobierno nacional reactivó la discusión interna para impulsar la reforma del Código Penal en medio de la conmoción social generada por el asesinato de la adolescente en el caso Agostina Vega en Córdoba. Desde la Casa Rosada manifestaron la intención de remitir este proyecto de reforma penal a la brevedad al Poder Legislativo, precisando que el texto bajo análisis contempla un endurecimiento de las penas para violadores, modificaciones regulatorias sobre delitos sexuales y la extensión de las causales para aplicar la prisión perpetua.
Según una nota de TN, si bien en los despachos oficiales argumentan que la medida forma parte de una agenda de seguridad preexistente, el impacto del caso aceleró los debates sobre el paquete legal, los cuales se encontraban demorados debido a discrepancias políticas y técnicas entre los distintos sectores de la administración pública.
De acuerdo con los datos de la investigación judicial cordobesa, el fiscal interviniente agravó la imputación contra Claudio Barrelier bajo la figura de femicidio. Este escenario incrementó la presión interna en el oficialismo, donde conviven visiones contrapuestas respecto a la confección del articulado.
El portal informativo destacó que, mientras desde el entorno del asesor Santiago Caputo señalan que la reforma penal permanece retenida debido a la redacción de la Secretaría Legal y Técnica a cargo de María Ibarzabal, los equipos técnicos conducidos por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, respondieron que están ultimando los detalles para enviar la versión definitiva de esta modificación del código en el corto plazo. El borrador original, desarrollado inicialmente durante la gestión del exministro Mariano Cúneo Libarona y revisado por el actual Procurador General del Tesoro, Sebastián Amerio, poseía una extensión cercana a los 900 artículos que unificaban leyes especiales.
Finalmente, la cartera de Justicia resolvió acotar el diseño normativo para evitar bloqueos en el tratamiento parlamentario y dotar a la reforma penal de mayor viabilidad. De este modo, se desestimó el reemplazo total del código vigente de 1921 y se optó por una actualización de la legislación punitiva por etapas centrada en problemáticas con consenso, tales como el abuso infantil, el grooming, los motochorros y las estafas.
Conforme a los anuncios previos del jefe de gabinete, Manuel Adorni, se priorizará un enfoque centrado en las víctimas mediante el endurecimiento de las penas. En este rediseño penal, el Ejecutivo descartó modificar el agravante de femicidio o incorporar revisiones sobre la ley de aborto, reduciendo la arquitectura de la ley para eludir controversias que obstaculicen su debate en el Congreso de la Nación.



