Escándalo en la Caja Popular: anulan designación y calculan un perjuicio que superaría los $600 millones

La resolución señala que la designación, realizada el 21 de junio de 2023 mediante la Resolución de Intervención N° 494/23, presentaba graves vicios administrativos. El acto fue firmado por el entonces subinterventor Hugo Guillermo Ledesma, sin que existieran constancias formales que justificaran la ausencia o excusación del interventor titular.

Según el organismo de control, Díaz ya se desempeñaba como interventor de la entidad al momento de su designación en planta permanente, lo que configuró una incompatibilidad directa con el artículo 9° de la Constitución de Tucumán, que prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados.

El Tribunal sostuvo que la aceptación de un segundo cargo genera automáticamente la vacancia del primero, por lo que la designación resultó nula desde su origen. Además, advirtió que durante ese período Díaz habría actuado como “funcionario de hecho”, lo que pone bajo revisión los actos administrativos firmados en ese lapso.

Irregularidades y posible perjuicio económico

La investigación también detectó fallas en el procedimiento administrativo, como la falta de análisis sobre incompatibilidades en el dictamen jurídico previo y el incumplimiento del sistema de concursos para cargos jerárquicos.

En paralelo, el Tribunal ordenó una comprobación sumaria para determinar los haberes percibidos durante los aproximadamente 31 meses en los que coexistieron ambos cargos.

Según estimaciones basadas en valores salariales del período, el monto correspondiente al cargo de planta permanente podría rondar los $380 millones. Si se suma la remuneración percibida como interventor, el perjuicio total podría superar los $600 millones, aunque estas cifras deberán ser precisadas en la investigación.

Nuevos cuestionamientos

Tras su renuncia como interventor en enero de 2026, Díaz retomó funciones en la planta permanente y participó en dictámenes jurídicos dentro del organismo, lo que refuerza los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses.

Además, el Tribunal también observó designaciones firmadas en los últimos días de su gestión, donde habría intervenido tanto en la emisión de actos administrativos como en su posterior validación legal.

Investigación en curso

Las conclusiones fueron remitidas a las autoridades de la Caja Popular, al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal para evaluar posibles responsabilidades administrativas y judiciales.

El caso continúa bajo análisis y no se descarta que puedan surgir nuevas derivaciones a partir de las actuaciones en curso.