Polémica por la reforma electoral: buscan impedir la contratación de consultores extranjeros
El Poder Ejecutivo formalizó el envío al Senado de un proyecto de ley de reforma electoral destinado a transformar el sistema de votación y el financiamiento partidario en Argentina. La iniciativa, que se tramitará en paralelo a otras normativas de relevancia parlamentaria, propone la eliminación definitiva de las elecciones primarias (PASO), la implementación del régimen de Ficha Limpia y una prohibición sobre la contratación de asesores extranjeros.
El fundamento central del oficialismo sostiene que el esquema actual representa un gasto excesivo y falto de transparencia para la ciudadanía, por lo que se busca establecer un marco normativo que resulte más económico y eficiente. Sin embargo, el punto de mayor fricción política radica en esta restricción que impide taxativamente a los partidos el reclutamiento de profesionales del exterior para sus equipos de campaña.
Según una nota de Ámbito, esta cláusula específica de la reforma electoral impediría que figuras internacionales, como estrategas o consultores de comunicación, presten servicios remunerados durante los procesos electorales locales. La medida encuentra su origen en el profundo malestar de Javier Milei tras la intervención de asesores vinculados anteriormente al peronismo en la estrategia del PRO.
El portal informativo destacó que la Casa Rosada interpreta que el asesoramiento externo, como el brindado por el catalán Antoni González Rubí a la gestión porteña, influyó en maniobras tácticas que afectaron los planes originales del sector libertario. La tensión escaló cuando la Dirección Nacional de Migraciones canceló la residencia del mencionado asesor, forzando un desenlace que derivó en la finalización de su contrato por parte del jefe de Gobierno porteño, en un intento por reconstruir el vínculo con el Ejecutivo nacional mediante esta reestructuración de los comicios.
La reforma electoral también ratifica y amplía las limitaciones sobre los aportes financieros provenientes de entidades o personas jurídicas de fuera del país, buscando blindar el proceso electoral de influencias foráneas. Según el medio de comunicación, desde el Gobierno argumentan que estas disposiciones son necesarias para erradicar mecanismos de financiamiento opacos que distorsionan la representación democrática. Mientras el proyecto comienza su recorrido en la Cámara alta, se anticipa un intenso debate legislativo sobre el alcance de estas prohibiciones y su impacto en la libertad de contratación de las fuerzas políticas.
El plan oficial de este ajuste del marco normativo apunta a que estas nuevas reglas de juego estén plenamente operativas para el ciclo electoral de 2027, reconfigurando no solo la logística, sino también la dinámica de poder entre las principales coaliciones del país.
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