Nueva ley de propiedad privada: cuáles son las medidas que podrían cambiar desalojos y expropiaciones
El plenario de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales en el Senado reanuda este miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Propiedad Privada, una iniciativa central del gobierno. La jornada, pautada para las 15 en el Salón Azul, contará con la participación de más de veinte expositores, entre los que destacan especialistas en derecho constitucional, referentes de organizaciones civiles y actores sociales. Esta propuesta, impulsada desde el Poder Ejecutivo por Federico Sturzenegger, representa uno de los pilares del programa de reformas actual y busca consolidar el dictamen mediante el acercamiento de posturas entre los distintos bloques.
En su núcleo, esta normativa de dominio establece una reforma profunda del régimen de expropiaciones mediante una interpretación mucho más limitada del concepto de utilidad pública. Bajo esta nueva Ley de Propiedad Privada, el Estado perdería la facultad de realizar expropiaciones generalizadas y se vería obligado a fundamentar cada caso de manera proporcional y específica. Asimismo, la ley garantiza que el propietario reciba la indemnización total, incluyendo intereses comerciales, actualización por inflación y el lucro cesante, de forma previa a que el sector público tome posesión del activo.
En lo que respecta a los litigios por ocupación, la Ley de Propiedad Privada plantea una transición hacia el proceso sumarísimo, lo que representa el trámite más veloz contemplado en el Código Procesal. Entre los cambios operativos de este estatuto de inviolabilidad, se destaca la posibilidad de ejecutar la desocupación anticipada antes de que exista una sentencia firme. Para ello, se eliminaría la exigencia de una caución real, sustituyéndola por una declaración jurada del titular del bien, y se establecería un plazo de apenas tres días para la intimación previa ante la falta de pago.
El alcance de la reforma se extiende también a los barrios populares y áreas rurales. En los asentamientos urbanos, el proyecto propone suprimir la suspensión de desalojos vigente y reemplazar la expropiación por herramientas como la usucapión, otorgando mayor injerencia a las administraciones municipales y provinciales.
En cuanto a las tierras rurales, se prevé una liberalización del mercado para capitales extranjeros al eliminar el límite del 15% del territorio nacional, los topes por nacionalidad y la restricción de 1.000 hectáreas en zonas núcleo. Por último, en materia ambiental, la ley busca reducir el período de protección de 60 años sobre terrenos afectados por incendios, flexibilizando el uso del suelo en pastizales y manteniendo el resguardo únicamente para los bosques nativos.
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