El Gobierno define quiénes quedarán fuera de los subsidios a la luz y el gas con el nuevo esquema tarifas
El Gobierno nacional oficializó este martes, a través del Boletín Oficial, la puesta en marcha del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), el sistema que reemplaza a la antigua segmentación para determinar los subsidios en las facturas de luz y gas.
Este nuevo esquema endurece los requisitos para mantener el beneficio, estableciendo que la ayuda estatal se limitará estrictamente a los hogares que superen una auditoría basada en criterios económicos y patrimoniales. Mediante un cruce exhaustivo de datos entre la ANSES y la Secretaría de Energía, la administración central busca identificar con precisión a los usuarios que requieren estas asignaciones estatales, dejando fuera del alcance de la asistencia a quienes no cumplan con los nuevos parámetros de elegibilidad.
Dentro de los criterios de exclusión definidos por el Gobierno, se encuentran factores que denotan una capacidad económica elevada, tales como la titularidad de tres o más inmuebles o la posesión de aeronaves y embarcaciones de lujo. Asimismo, quedarán privados de los subsidios aquellos grupos familiares que cuenten con un automóvil cuya antigüedad sea menor o igual a tres años, a excepción de los casos que presenten un Certificado Único de Discapacidad.
Este filtro patrimonial también alcanza a quienes posean activos societarios relevantes, lo que provocará que una parte de los sectores de ingresos medios deba afrontar tarifas más cercanas al costo real del servicio, impactando directamente en la economía doméstica de cara a los meses de mayor demanda energética.
Para el sector productivo, la implementación de este régimen por parte del Gobierno implica un escenario similar, ya que las pequeñas y medianas empresas con capacidad económica comprobable o altos niveles de facturación también perderán el acceso a estos beneficios tarifarios.
Aunque los usuarios previamente anotados en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar una nueva gestión, la migración automática de datos al ReSEF permitirá al organismo rector detectar inconsistencias y aplicar bajas inmediatas en los subsidios. De esta manera, la autoridad energética pretende optimizar el gasto público, mientras las pymes advierten que el incremento en los costos operativos podría trasladarse a los precios finales en un contexto de actividad económica todavía frágil.
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