El Gobierno avanzará en una reforma de Migraciones para reforzar los controles en las fronteras
El Poder Ejecutivo ultima los detalles de un nuevo decreto destinado a reestructurar la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que recientemente fue trasladado a la órbita del Ministerio de Seguridad. El objetivo central de esta normativa, que se publicaría en el corto plazo, es dotar a la entidad de mayores competencias para ejecutar una doctrina de vigilancia más rigurosa.
Según TN, esta medida busca complementar las reformas iniciadas en mayo pasado, enfocándose en un endurecimiento de las políticas de migraciones y la protección de los límites territoriales. En este sentido, la reforma pretende otorgar facultades extendidas al organismo para subsanar vacíos reglamentarios y fortalecer su rol operativo, poniendo el foco en ciudadanos provenientes de naciones catalogadas como de «baja vigilancia» para mitigar riesgos de seguridad e implementando mecanismos de análisis exhaustivo sobre el historial de cada individuo que pretenda ingresar al país a través de la entidad.
Bajo esta nueva doctrina, el Gobierno evalúa ampliar el listado de países a los que Argentina les exige visa de ingreso, extendiendo una condición que hoy ya rige para diversos Estados de Asia y África bajo el control del flujo migratorio. Asimismo, se ratifica la política de otorgar la nacionalidad únicamente a quienes acrediten dos años de resi dencia ininterrumpida, eliminando beneficios para quienes posean una situación irregular.
Con la integración de migraciones al esquema de Seguridad, la nueva normativa busca transformar la entidad, que hasta ahora funcionaba principalmente como un ente administrativo de residencias y ciudadanías, en una pieza clave de la inteligencia fronteriza. La intención es que el organismo tenga la capacidad técnica y legal para cruzar datos de identidad en tiempo real, permitiendo una detección temprana de perfiles sospechosos antes de que pisen suelo argentino a través del tránsito internacional.
El impacto de esta reforma será significativo para la población extranjera, ya que el Gobierno profundizará la distinción entre residentes regulares e irregulares siguiendo la línea del Decreto 366/2025. Estos últimos verán limitado su acceso a servicios públicos de salud y educación, quedando restringidos únicamente a la atención de emergencias. Finalmente, la nueva reglamentación agilizará los procesos de expulsión para aquellos visitantes que cuenten con condenas firmes por delitos cometidos en territorio nacional, consolidando una postura de «tolerancia cero» frente a la criminalidad extranjera y reforzando la soberanía en los puntos de acceso al país.


