Brasil confirmó la detención preventiva de Bolsonaro y definió su futuro judicial tras el escándalo de la tobillera

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil confirmó la orden de detención preventiva contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien continuará bajo custodia de la Policía Federal mientras avanza la investigación por la red que habría intentado revertir el resultado electoral de 2022.

La decisión, adoptada por la Primera Sala del máximo tribunal, consolida el criterio expresado durante el fin de semana por el juez Alexandre de Moraes, responsable del expediente y figura central en la causa.

El pronunciamiento decisivo llegó de la mano del magistrado Cristiano Zanin, presidente de la Sala y ex abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En su voto, el titular del órgano máximo sostuvo que la evidencia reunida “permite concluir que los acusados actuaron con el objetivo de quebrar el estado democrático de derecho”, respaldando de manera explícita la necesidad de mantener a Bolsonaro detenido para evitar riesgos procesales.

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes.

La detención se produjo el sábado por la mañana, cuando una comitiva de la Policía Federal se presentó en la residencia de Bolsonaro en Brasilia.

El expresidente, de 70 años, fue trasladado inmediatamente a dependencias policiales, cumpliendo la orden dictada en el marco del caso que investiga los movimientos destinados a impedir la transición presidencial tras la derrota frente al actual mandatario.

Uno de los episodios que más repercusión generó en el expediente fue la admisión del propio exjefe de Estado de que intentó quemar la tobillera electrónica que debía utilizar como parte de las medidas cautelares. El expresidente sostuvo que el incidente respondió a un cuadro de “paranoia” relacionado con medicación, pero el hecho fue interpretado por el tribunal como un intento claro de eludir el monitoreo judicial.

Desde agosto, Bolsonaro cumplía arresto domiciliario debido al incumplimiento de esas mismas medidas. Sus abogados habían solicitado, sin éxito, que pudiera permanecer en su domicilio por motivos de salud mientras avanzaba el proceso por el cual enfrenta una condena de 27 años de prisión.

La Sala, sin embargo, resolvió en septiembre –por amplia mayoría– que el expresidente había impulsado una estructura destinada a perpetuarse en el poder, apoyado en un grupo de exministros, oficiales militares y funcionarios de alto rango.

La causa no involucra únicamente a Bolsonaro. Las investigaciones también derivaron en condenas para figuras de peso dentro de su gobierno y su entorno político.

Entre ellos, Alexandre Ramagem —ex titular de la Agencia Brasileña de Inteligencia— recibió una pena de 16 años de prisión y enfrenta ahora una orden de detención preventiva tras abandonar el país clandestinamente rumbo a Estados Unidos.

Exministros como Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Souza Braga Netto fueron sentenciados a penas que van de 16 a 26 años por su participación en la organización.

La Fiscalía General detalló que la trama comenzó a gestarse en 2021, pero tomó forma después de las elecciones de 2022, cuando grupos movilizados por Bolsonaro protagonizaron protestas, actos violentos y presiones institucionales.

El punto culminante de esta secuencia fue el ataque del 8 de enero de 2023 contra la Presidencia, el Congreso y el propio Supremo Tribunal Federal, episodio que, para los fiscales, constituye la ejecución final de un plan destinado a impedir la asunción de Lula da Silva.