El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumará un nuevo capítulo, según trascendió, la empresaria estaría a punto de cambiar de abogados y ya habría tomado la decisión de ser representada por el estudio de Fernando Burlando, con el patrocinio directo del doctor Javier Ignacio Baños, conocido por su rol en la defensa de Julieta Prandi y en la causa que terminó con la condena de 19 años a Claudio Contardi.

De acuerdo con lo revelado por Marina Calabró en su columna y confirmado por fuentes cercanas al estudio, la estrategia legal del nuevo equipo comenzaría redefiniendo el enfoque de la causa como una “cuestión de género”.

Este planteo serviría como base para solicitar medidas precautorias urgentes y una serie de acciones penales inmediatas contra Icardi por desobediencia reiterada, debido a los meses de atraso en el pago de la cuota alimentaria de sus hijas.

Entre los primeros pasos, el equipo de Burlando y Baños planea solicitar que se le prohíba a Icardi salir del país, además de pedir la retención de su pasaporte y su registro de conducir, hasta que regularice los pagos pendientes.

También analizan impulsar una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el juez Hagopian, quien lleva adelante la causa.

Incluso, evalúan presentar una queja ante el Consejo de la Magistratura y llevar el caso a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de que el Estado no estaría protegiendo adecuadamente los derechos de las hijas menores.

Por otro lado, la defensa de Icardi sostiene que parte de los bienes del jugador, incluida la famosa “Casa de los Sueños”, ya se encuentra embargada, y que Wanda habría superado los plazos legales para presentar sus propias declaraciones de ganancias, lo que habría impedido fijar correctamente el monto de la cuota alimentaria.

Otro punto que analizan Burlando y Baños es un párrafo reciente del expediente en el que se menciona la posibilidad de allanamiento del domicilio de Wanda en caso de que sus hijas no sean entregadas dentro del horario fijado para el encuentro con su padre.

El estudio considera que esa disposición podría representar una medida coercitiva desproporcionada, e incluso “una amenaza” contra la madre.