Tucumán tiene en Burruyacú uno de los ejemplos más claros —y más descarados— de cómo la política local puede convertirse en un negocio familiar. Allí, el apellido Leal no es solo una marca electoral: es una estructura de poder que se hereda, se administra y se protege como si fuera una empresa privada.

En este municipio del interior, padre e hijo llevan años turnándose los cargos: cuando uno ocupa una banca en la Legislatura, el otro maneja el municipio. Y cuando cambia el ciclo, simplemente intercambian sillas. Así, el clan garantiza una continuidad perfecta, sin fisuras y sin espacios reales para la competencia política.

Este mecanismo, sostenido por acuerdos internos y un sistema electoral que facilita la permanencia, convierte a la gestión municipal en una PyME familiar del poder. Las decisiones, según señalan vecinos y referentes locales, quedan cerradas dentro del mismo núcleo de siempre.

En Burruyacu, las obras, los programas sociales y los recursos públicos se administran bajo una lógica que mezcla clientelismo, control territorial y lealtades obligadas. La oposición casi no tiene margen, y el recambio político es una ilusión que nunca termina de concretarse.

Lo que pasa en Burruyacú no es una excepción: es un espejo de lo que ocurre en varios puntos de Tucumán. Pero aquí, la dinastía Leal construyó uno de los casos más emblemáticos de sucesión hereditaria disfrazada de democracia.