Tras más de quince años de negociaciones, se aprobó el BBNJ, un tratado internacional que entrará en vigor oficialmente el 17 de enero de 2026. Su objetivo es permitir la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, un ámbito en el que actualmente no hay protección legal.

El acuerdo incluye varios ejes principales: la creación de esas áreas protegidas; la realización de evaluaciones de impacto ambiental; la distribución equitativa de los beneficios biológicos marítimos, y la transferencia de tecnología a los países en desarrollo. Más aún, busca regular espacios marinos “más allá de las jurisdicciones nacionales”, lo que impacta sobre zonas de alta mar que cada año enfrentan pesca indiscriminada, contaminación y explotación sin control.

En lo que respecta a Argentina, el país firmó el tratado en junio de 2024, pero todavía no lo ratificó. Se encuentra actualmente en estudio en el Ejecutivo y pronto sería enviado al Congreso para su aprobación legislativa. Una vez ratificado, Argentina podrá exigir la adopción de medidas para proteger sus costas y ecosistema marino frente al impacto de flotas como las de China que operan en aguas internacionales afuera de la milla 200.

El tratado presenta oportunidades y desafíos: por un lado, le dará a Argentina una herramienta jurídica para enfrentar la pesca ilegal no declarada o no reglamentada (INDNR) operada por embarcaciones extranjeras, muchas veces chinas, en zonas donde no había regulación internacional efectiva. Pero también genera discusiones sobre soberanía, vigilancia, control, y la capacidad operativa de los organismos nacionales para monitorear y hacer cumplir los nuevos estándares. Algunos sectores advierten que ratificar el tratado podría implicar ceder ciertos grados de autonomía regulatoria en alta mar.