Revés judicial al protocolo antipiquetes: el Gobierno anunció que apelará la decisión
El protocolo antipiquetes, norma diseñada para guiar la intervención policial frente a manifestaciones y bloqueos de calles e impulsada por el Gobierno, será objeto de apelación tras la decisión de la Justicia que suspendió su aplicación. La medida fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien declaró la nulidad del procedimiento tras un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), argumentando que carecía de los requisitos legales necesarios para ser considerado un acto administrativo válido.
Cormick sostuvo que la resolución del Ministerio de Seguridad excedía sus facultades, al pretender modificar normas penales y procesales bajo la justificación de regular el tránsito y la actuación policial. Además, indicó que quienes se hayan visto afectados por la aplicación del protocolo podrán presentar denuncias individuales ante la Justicia Penal. La resolución se inscribe en un contexto de cuestionamiento a las herramientas del Ejecutivo que limitan derechos de los ciudadanos durante protestas.
Organizaciones y referentes gremiales celebraron el fallo. El CELS destacó que la sentencia establece límites claros a la actuación ministerial y protege los derechos constitucionales. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la decisión como un avance contra la represión y advirtió que, de haberse aplicado antes, se habrían evitado numerosos incidentes y heridos en manifestaciones previas.
El Gobierno, sin embargo, sostuvo que la medida del protocolo antipiquetes es legítima y cuenta con respaldo social. La ministra Alejandra Monteoliva aseguró por medio de redes sociales que el procedimiento tiene fundamentos técnicos, jurídicos y operativos, y advirtió que si se deja sin efecto, “volvería el caos” en las calles. Patricia Bullrich, antecesora de Monteoliva, también cuestionó por redes, la sentencia y señaló que existen motivos políticos detrás del fallo, remarcando que la metodología fue validada por otros jueces y tiene el apoyo de la población.
La última aplicación del protocolo antipiquetes ocurrió a mediados de diciembre, durante la marcha de la CGT contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con Monteoliva ya al frente del Ministerio de Seguridad.Por otro lado, sigue en curso la investigación de los hechos del 12 de marzo, cuando el fotógrafo Pablo Grillo resultó herido por un impacto de gas lacrimógeno mientras cubría una protesta frente al Congreso.
La apelación que presentará el Ejecutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la actuación policial frente a los derechos ciudadanos y el control judicial sobre medidas del Gobierno, así como sobre la vigencia del procedimiento en futuras manifestaciones.