La Justicia dictó prisión preventiva para Leandro García Gómez, ex de Lourdes Fernández, la recordada integrante de Bandana. El juez Diego Slupsky lo procesó por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso con privación ilegítima de la libertad agravada y amenazas coactivas. Además, se dispuso un embargo de 15 millones de pesos sobre sus bienes, al considerar acreditadas las pruebas de un ciclo de agresiones y control extremo.

El expediente, leído en A la tarde, describe un panorama escalofriante. “Las pruebas reunidas permiten tener por comprobado que el imputado agredió física y psicológicamente a Cecilia Lourdes Fernández en reiteradas oportunidades, restringiendo su libertad ambulatoria y generando un contexto de sometimiento y temor”, señala el fallo. Según se reconstruyó, las agresiones incluían desde golpes hasta insultos y amenazas veladas para mantenerla aislada.

Una vecina fue clave: el 1° de octubre llamó al 911 tras escuchar gritos y ruidos violentos. La policía irrumpió en el departamento y encontró a la cantante con marcas visibles y un estado de somnolencia preocupante, mientras García Gómez estaba escondido en un placard. También se comprobaron amenazas hacia amigas de la artista y maniobras para controlar sus finanzas, todo parte de un esquema de manipulación constante.

Los investigadores detectaron que el acusado violó repetidas veces las restricciones judiciales, aumentando su carga penal. “Se acreditó que ejerció actos de intimidación y amenazas hacia personas del entorno cercano de la víctima, con el claro propósito de mantener su dominio sobre ella y obstaculizar cualquier intento de distanciamiento”, indica el documento.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA LEANDRO GARCÍA GÓMEZ

El caso expuso además el frágil estado emocional de Lourdes, quien al principio negó haber sido maltratada. Los especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica concluyeron que su discurso reflejaba “una mujer manipulada por su agresor”. Incluso, ante cámaras, llegó a declarar: “Estoy muy triste con esto, él no me hizo nada”.

El juez fue contundente: los hechos no fueron aislados, sino parte de un patrón de control y sometimiento. “Quedó acreditado que la víctima fue retenida contra su voluntad, incomunicada y sometida a violencia física y psicológica sistemática”, concluye la resolución.