Según el proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno nacional destinará 6,8 billones de pesos a la función Educación y Cultura, lo que representa un incremento del 23% respecto a 2025. En términos reales, el aumento oscilaría entre 4,4% y 8%, dependiendo de si se toma como referencia la inflación estimada por el Ejecutivo (13,8%) o la del Relevamiento de Expectativas del Mercado (17,8%) del BCRA.

El informe Presupuesto educativo nacional 2026, elaborado por Argentinos por la Educación, analiza la distribución de estos recursos. Aunque el gasto educativo crecería, su participación en el PIB continúa en descenso: del 1,59% en 2015 cayó al 0,88% en 2024, con proyecciones de 0,82% para 2025 y 0,75% para 2026. Además, el proyecto propone derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 fija una inversión mínima del 6% del PIB entre Nación y provincias, una meta alcanzada solo en 2015.

El financiamiento educativo nacional representa cerca del 25% del gasto total en educación, mientras que las provincias cubren el 75% restante. Sin embargo, los analistas advierten que también a nivel provincial se observa una caída de la inversión docente, aunque la falta de datos oficiales impide confirmarlo con precisión.

Entre 2013 y 2017, el gasto educativo nacional se mantuvo estable; desde 2018 muestra una caída sostenida, con una leve recuperación entre 2021 y 2023 y una nueva contracción en 2024 y 2025. El leve repunte previsto para 2026 dependerá del cumplimiento de los supuestos macroeconómicos del Ejecutivo.

Qué dicen los economístas. Para el economista Santiago Bulat, el aumento es “una buena señal tras el ajuste inicial”, aunque advierte que “más importante que el cuánto es el cómo: qué funcionalidad tendrán los recursos y su impacto real”. En la misma línea, Javier Curcio, coautor del informe, sostiene que “es necesario recuperar el consenso político y social para garantizar un financiamiento educativo estable y sostenible”.

De acuerdo con las proyecciones, la Secretaría de Educación será una de las áreas con mayor incremento de fondos (17,9%), aunque el ajuste general del gasto sigue siendo significativo. El presidente del Ieral, Osvaldo Giordano, valoró la eliminación del piso legal de inversión educativa: “Es positivo, porque el objetivo es mejorar la eficiencia, no cumplir una meta numérica”.

El informe también destaca que las universidades públicas continúan siendo el principal destino del financiamiento nacional, absorbiendo el 77% del presupuesto educativo. En contraste, el Plan Nacional de Alfabetización pasará a tener mayor peso (9,2%) al priorizar la extensión de la jornada escolar, aunque se reducirá la inversión en infraestructura y equipamiento (-63%), un dato que preocupa a los especialistas.

“El Presupuesto 2026 refleja una clara decisión política de priorizar la educación”, aseguró el exdiputado Eduardo Amadeo, quien destacó la oportunidad de “impulsar reformas estructurales consensuadas”. Sin embargo, otros expertos como Jorge Lo Cascio y Juan Ignacio Doberti alertan sobre el riesgo de un desfinanciamiento educativo sostenido, que podría comprometer la equidad y la innovación tecnológica del sistema.