Piden detener al legislador Hugo Ledesma por un desvío de $26,7 millones en ayuda social: el escándalo que expone el poder real detrás de la Caja Popular
En Tucumán hay nombres que siempre se pronuncian en voz baja. No porque falten documentos, sino porque existe la sensación —cada vez más difícil de negar— de que ciertos apellidos operan bajo reglas propias, lejos de los controles del Estado. La denuncia presentada el 15 de noviembre ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana rompió ese pacto de silencio: pidió la detención inmediata del legislador provincial Hugo Guillermo Ledesma, del interventor de la Caja Popular José César Díaz y de la ex ministra Lorena Málaga, acusados de peculado y asociación ilícita por el desvío de $26.791.604,22 en mercadería social.
La presentación, firmada por Claudia Alejandra Álvarez y patrocinada por los abogados Camilo Atim y Florencia Abdala, exige allanamientos en nueve domicilios —incluidas las dos sedes de la Caja Popular— y el secuestro de celulares para pericias forenses UFED. Es decir: no busca “averiguar”, sino irrumpir en una estructura que, según los documentos, funcionó como un circuito paralelo dentro del Estado.
Un triángulo de poder con nombres propios
La Gaceta habló el martes 11 de noviembre de un “triángulo” de poder que nadie se animaba a nombrar. Cuatro días después, los vértices están escritos con DNI, firmas y órdenes de entrega:
- Hugo Guillermo Ledesma, legislador provincial, ex subinterventor de la Caja Popular y cuñado del diputado Carlos Cisneros.
- José César Díaz, interventor formal de la Caja Popular, señalado por todos los sectores como la mano ejecutora del esquema.
- Lorena Málaga, ex ministra de Desarrollo Social, quien firmó las doce órdenes de entrega irregulares.
Las 12 órdenes —nueve de ellas emitidas en plena campaña electoral 2023 de Ledesma— se autorizaron sin convenio, sin programa y sin beneficiarios identificados. El Tribunal de Cuentas documentó todo en los Acuerdos 5.140 y 5.184: alimentos, chapas, camas, mesas y sillas que debían ir a sectores vulnerables terminaron siendo solicitados por funcionarios de la Caja Popular, un organismo que no tiene competencia legal para administrar asistencia social.
La pregunta que sobrevuela el expediente es simple y explosiva:
¿Quién ordenaba realmente dentro de la Caja Popular?
El nombre que no aparece en papeles, pero aparece en todos los relatos
Carlos Cisneros no está denunciado. No está imputado. No figura en ningún documento.
Pero su sombra aparece en cada análisis político, sindical y judicial.
Todos los denunciados orbitan alrededor de él:
- Ledesma es su cuñado y ahijado político.
- Díaz opera como su interventor.
- El hipódromo de la Caja Popular responde a dirigentes de su sector.
- Medios financiados por la pauta de la Caja mantienen el silencio que La Gaceta calificó como “llamativo”.
Ya en el caso Vélez, un juez provincial identificó a “el de arriba” como Carlos Cisneros, luego de que las pericias UFED recuperaran mensajes donde se daba la orden de “hacer pingo” a una jueza. Ahora, la trama de la ayuda social lo vuelve a colocar en el centro del mapa del poder tucumano, aunque sin aparecer en las planillas oficiales.
La mecánica documentada del desvío
El Tribunal de Cuentas detalló una operatoria simple, repetida y sin respaldo normativo:
- Málaga autorizaba órdenes de mercadería para “beneficiario: Caja Popular de Ahorros”.
- Díaz, Ledesma, Garay o Corres las solicitaban sin justificar la necesidad social.
- Empleados de la CPA retiraban los bienes.
- No existía registro del destino final.
La Caja Popular —cuyo rol legal es financiero y administrativo— terminó manejando toneladas de alimentos y bienes sociales como si fuera una agencia territorial paralela.
El monto total del perjuicio: 26,7 millones de pesos.
Los pedidos explosivos: detenciones, allanamientos y celulares
La denuncia pide:
- Detención de los ocho imputados por riesgo de fuga y entorpecimiento.
- Allanamiento de nueve domicilios, incluidos San Martín 469 y 25 de Mayo 149, sedes de la Caja Popular.
- Secuestro de celulares para recuperar mensajes borrados.
La presentación cita como evidencia la capacidad de presión de la estructura cisnerista: en octubre, Ledesma movilizó cientos de empleadas de La Bancaria para defender a Cisneros en el caso Vélez. “Nos tocan a uno, nos tocan a todos”, dijo en la Legislatura.
Ese nivel de movilización gremial —argumentan los denunciantes— puede usarse para obstruir la investigación.
La Legislatura y Jaldo ya no pueden mirar para otro lado
Si el fiscal solicita la detención de Ledesma, la Legislatura deberá votar su desafuero.
El silencio político empieza a ser imposible.
El Tribunal de Cuentas notificó formalmente al Poder Ejecutivo ante la presunción de delitos de funcionario público. El “interventor de Jaldo” está denunciado. Y Ledesma —legislador en ejercicio— enfrenta un pedido de arresto.
La decisión del fiscal será un test histórico:
Archivar → confirmar que en Tucumán hay nombres intocables.
Investigar sin medidas → una salida tibia frente a pruebas documentales.
Pedir las detenciones y allanamientos → tocar la fibra del poder real en la provincia.
La Gaceta y su propio silencio
En su columna, La Gaceta habló del triángulo. De la tensión. Del silencio.
Pero no escribió un solo nombre del centro del esquema. Tres días después, Germán García Hamilton —de la familia fundadora del diario— denunció que la “cúpula” se había sometido a Cisneros.
En noviembre de 2024, Contexto Tucumán reveló que el cable CCC estaba en proceso de compra por parte del empresario Gustavo Olarte, operador cercano al dirigente bancario. Ese mismo mes, la línea editorial del diario cambió: silencio sobre el caso Vélez, silencio sobre los allanamientos, silencio sobre el escándalo en la Caja Popular.
El “silencio llamativo” no es solo político. También es mediático.
Lo que se define ahora
No se discute una mala gestión.
No se discute un error administrativo.
Lo que está en juego es si una estructura paralela de poder usó la Caja Popular para financiar política territorial y campañas electorales con bienes destinados a los más vulnerables.
Y si la Justicia se atreverá a seguir el rastro hasta donde lleve, aunque ese camino incomode a uno de los nombres más temidos del poder tucumano.
La pregunta final es la misma que La Gaceta insinuó, pero no se animó a completar:
¿Permitirá la Justicia que esta causa avance sin importar a quién alcance?
El futuro judicial del legislador Ledesma, del interventor Díaz y de la ex ministra Málaga depende de esa respuesta.
El futuro institucional de Tucumán, también.
Fuentes: La Razón de Tucumán – el tucumano