Nicolás Maduro prohibió el uso de drones en Venezuela mientras refuerza la militarización frente a Estados Unidos
El régimen de Nicolás Maduro anunció una nueva restricción en Venezuela: desde el 18 de agosto quedó prohibida por 30 días la compra, venta, importación, capacitación y uso de drones en todo el país. La resolución, publicada en la Gaceta Oficial, incluye también la suspensión de actividades vinculadas a piezas y componentes de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como RPA.
La decisión recayó en el Ministerio de Transporte, que dispuso que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) sea el organismo encargado de aplicar la medida y resolver “cualquier aspecto no previsto”. De esta manera, la restricción alcanza tanto a drones de uso comercial como recreativo, e incluso a aeromodelos.
La prohibición llega en un contexto marcado por la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Apenas horas antes, Maduro había ordenado el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional, como parte de lo que definió como un “plan de paz”. Según el dictador, esta fuerza debía estar “activada, armada y preparada” para defender al país de lo que considera una amenaza externa.
EE.UU. duplicó a USD 50 millones la recompensa por información que posibilite la detención de Maduro
En paralelo, el gobierno de Estados Unidos confirmó el despliegue de 4.000 soldados —en su mayoría infantes de Marina— junto con submarinos, destructores, aviones de reconocimiento y buques de guerra equipados con misiles en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. La administración de Donald Trump, a través de su vocera Karoline Leavitt, advirtió que está dispuesta a “usar todo su poder” para frenar el narcotráfico en la región y apuntó directamente contra Maduro, a quien calificó como “un líder fugitivo de un cartel” acusado de traficar drogas hacia territorio norteamericano.
El movimiento militar estadounidense se da luego de que Washington elevara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del dictador venezolano. Según fuentes de defensa citadas por CNN, la operación busca cortar las rutas de los carteles de droga que operan desde Sudamérica hacia Norteamérica.
Frente a este escenario, el chavismo respondió con un fuerte despliegue interno. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, confirmó que también se reforzó la presencia de fuerzas locales en las aguas territoriales del país.
La prohibición de drones es interpretada como una estrategia preventiva para evitar el uso de estas aeronaves en eventuales tareas de espionaje, sabotaje o ataques coordinados, en momentos en que el gobierno teme filtraciones o acciones conjuntas de opositores internos con fuerzas extranjeras. En este punto, los antecedentes pesan: en 2018, un acto militar encabezado por Maduro fue interrumpido por la explosión de drones cargados con explosivos, lo que dejó al descubierto la vulnerabilidad del régimen frente a este tipo de dispositivos.
En el plano internacional, la medida volvió a encender las críticas. Distintos sectores de la oposición venezolana sostienen que se trata de un avance más en el control estatal sobre la vida cotidiana y las libertades individuales. Incluso el propio Partido Comunista de Venezuela, tradicional aliado del chavismo, denunció en los últimos días una “ofensiva antidemocrática y autoritaria” contra organizaciones de izquierda que no responden directamente al aparato de Maduro.
Mientras tanto, el despliegue militar estadounidense en el Caribe se consolida como la mayor operación de Washington en la región desde la Guerra Fría. La Casa Blanca insiste en que se trata de un esfuerzo para frenar el narcotráfico, aunque en Caracas se interpreta como una amenaza directa al régimen.
Con la restricción de drones y la militarización interna, Maduro refuerza el cerco de control en medio de una pulseada internacional cada vez más áspera, donde el eje central es el narcotráfico y la legitimidad de su permanencia en el poder.