La escena parecía extraída de la famosa serie Narcos: una avioneta volando bajo sobre campos de Rosario de la Frontera, vecinos alertando un rumbo irregular, un golpe seco contra una arboleda y una columna de humo que empezó a trepar. El martes pasado, cuando Gendarmería llegó al lugar, encontró la aeronave destruida y un Volkswagen Gol Trend completamente incinerado. Dentro del fuselaje había tres bolsones con 136 kilos de cocaína y, a unos metros, los restos del vehículo al que la avioneta había golpeado antes de estrellarse.

Lo que nadie esperaba es que uno de los principales involucrados apareciera por voluntad propia. A primera hora del día siguiente, Julián Darío Mansilla se presentó en la comisaría de Antillas, en la provincia de Salta, para denunciar que le habían robado su auto. Describió un asalto cinematográfico: dijo que “cuatro sujetos fuertemente armados” lo habían interceptado en la ruta. Su relato, sin embargo, tenía muchas grietas. En el lugar donde cayó la avioneta, los investigadores habían encontrado una cédula de conducir de moto a su nombre.

El auto que Mansilla declaraba como robado era el mismo Gol Trend quemado junto a la avioneta. La fiscalía pidió su detención y la jueza federal Mariela Giménez la avaló de inmediato.

Su torpe intento por desmarcarse no fue lo único que llamó la atención. Según expuso la Unidad Fiscal Salta en la audiencia de imputación, Mansilla integraba junto a Jonathan Gómez y Jorge Cuellar el brazo terrestre de una organización que operaba una pista clandestina. Allí habían colocado una lona extendida a lo largo de un claro para delimitar el tramo donde los pilotos debían aterrizar. Esperaban la descarga de la avioneta boliviana, que traía la carga principal: 364 kilos de cocaína repartidos en bolsones.

Pero el aterrizaje, nunca ocurrió. El piloto –identificado como Juan Pablo Quinteros Peredo– perdió el control de la aeronave y terminó impactando con la cola contra el auto de Mansilla, que esperaba en el punto de contacto. La camioneta Ford donde estaban Gómez y Cuellar quedó detenida a pocos metros. Tras el choque, los dos bajaron para auxiliar a Mansilla, seriamente golpeado por el impacto. Uno de ellos corrió luego hacia la aeronave siniestrada, extrajo tres bolsos repletos de droga y huyó con ellos entre la vegetación. Ese cargamento –228 kilos– fue hallado al día siguiente, enterrado en un campo a 70 kilómetros del lugar, gracias a la información aportada por los primeros detenidos.

Mientras tanto, los pilotos –con lesiones visibles en los brazos– lograron alejarse y caminar hasta la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera, donde buscaron pasar desapercibidos entre los pasajeros. Pero no lo consiguieron. Los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron en la audiencia que llamaron la atención de una empleada cuando entraron a un local y pidieron una bebida energizante, intentando pagarla con dólares. La actitud llamó la atención de la mujer, que avisó a la policía. Quinteros Peredo y Henry Álvaro Mercado Cuajera quedaron detenidos en el acto.

La fiscalía detalló más elementos: la avioneta tenía matrícula boliviana, en la cabina había una gaseosa comprada en ese país, una antena satelital y un GPS que registró parte del recorrido. En tierra, el grupo local esperaba en dos vehículos, listos para recoger la carga y huir por caminos rurales.

En la audiencia de formalización de la investigación penal, Giménez imputó a los dos pilotos como coautores de contrabando de estupefacientes agravado y a Mansilla, Gómez y

Cuellar como partícipes necesarios. También aceptó la imputación alternativa de transporte de estupefacientes para los tres hombres que brindaron apoyo en tierra. Atendiendo al “grado de peligrosidad” y al riesgo de fuga, la Justicia dictó la prisión preventiva para todos, con un plazo de seis meses para avanzar en la investigación.

Los defensores intentaron cuestionar la calificación legal, pero los fiscales Eduardo Villalba, Mariana Gamba Cremaschi y Florencia Altamirano fueron contundentes: cada rol estaba descripto con precisión y la logística dejaba en evidencia “una organización transnacional con tareas distribuidas”.

En la zona donde quedó la avioneta siniestrada, la imagen más elocuente se mantuvo intacta: la pista clandestina marcada con una lona, extendida como una guía improvisada para conducir un vuelo que nunca llegó a tocar tierra. Una señal de cómo una estructura de contrabando quedó expuesta por una combinación improbable de fallas, torpeza y delaciones involuntarias.

Quién es quién en la banda

R.P.

Con chalecos antibalas y la mirada clavada en el piso, los cinco acusados ingresaron a la Sala de Audiencias Federal de Salta escoltados por agentes de Gendarmería. Se sentaron en fila, separados apenas por centímetros.

A la izquierda estaba Julián Darío Mansilla, de 25 años, un peluquero de la localidad de Antilla, un paraje rural del municipio El Potrero. A su lado se ubicó Jonathan Alejandro Gómez, 35, comerciante de granos, señalado como uno de los engranajes de apoyo en tierra.

Le siguió Jorge Alberto Cuellar, 36, también oriundo de Antilla, identificado como parte del mismo brazo operativo que ya estaba bajo la lupa de la Brigada de Drogas Peligrosas de Metán. Ese informe, producido dos días antes del siniestro aéreo, mencionaba a los tres como integrantes de una organización narcocriminal que se movía en un Volkswagen Gol y una camioneta. Cerraban la fila los dos pilotos bolivianos: Juan Pablo Quinteros Peredo, 45, aviador profesional nacido en Cochabamba, y Henry Mercado Cuajera, 36, albañil y copiloto del vuelo.