Madres denuncian presuntos abusos en un jardín de Carlos Paz: «Sentimos el abandono de la institución y la justicia»
Dos mujeres cuyas hijas concurren a un establecimiento educativo del barrio La Quinta realizaron denuncias judiciales tras detectar signos físicos y emocionales alarmantes en las menores. Acusan a la escuela de negarse a colaborar con la investigación y lamentan la lentitud del sistema judicial, que aún no unificó las causas ni avanzó con celeridad. Convocan a una movilización para exigir respuestas.
En diálogo exclusivo con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, María y Lola -nombres ficticios utilizados para preservar la identidad de las menores- brindaron desgarradores testimonios sobre los episodios ocurridos el 19 de mayo de 2025 y las traumáticas secuelas que atraviesan sus familias desde entonces.
María relató que descubrió la primera señal de alarma al regresar del jardín con su hija. «La retiro del jardín como normalmente lo hago. Llegamos a casa, al rato me pide ir al baño. Le saco la ropa del jardín, la ropa interior, y veo que tenía una mancha importante de sangre«, describió con evidente angustia.
La madre intentó averiguar qué había sucedido, pero la niña se negaba a responder. «Lloraba, no me quería responder. Le digo: ‘Bueno, déjame revisarte, déjame verte qué tenés’. No quiso, se negaba completamente», recordó María, quien decidió llevarla de inmediato al Hospital Gumersindo Sayago.
En el centro de salud, dos pediatras intentaron examinar a la menor, pero ella se resistía. «No se dejó revisar, no quería. No podían hacerlo a la fuerza», explicó María. Fue entonces cuando los profesionales le informaron que debían activar un protocolo porque lo encontrado en la ropa interior era sangre vaginal. Esa misma noche, María presentó la denuncia formal.
Por su parte, Lola vivió una situación diferente pero igualmente alarmante. En la madrugada del 20 de mayo, su hija comenzó a temblar mientras dormía. «Parecía como si fuera una convulsión. Y empezó a gritar, relatando el nombre de la otra nena«, contó. La niña tuvo siete episodios similares hasta julio, cuando fue retirada de las clases extracurriculares de ateneo que brindaba la institución.
Los estudios neurológicos -resonancias, electroencefalogramas- descartaron causas orgánicas. «El neurólogo me dice: ‘Esto tiene tinte emocional. Neurológicamente la niña no tiene nada'», explicó Lola, quien tras conocer a María y compartir los relatos, decidió judicializar el caso en julio.
La respuesta institucional: «No nos sentimos acompañadas»
Ambas madres coinciden en que la reacción del establecimiento educativo agravó su angustia. María relató que solicitó al representante legal de la institución acceso a las cámaras de seguridad para verificar lo ocurrido durante la jornada escolar.
«Me contestó que las cámaras son de seguridad, que no puede mostrarme para resguardar la integridad de los otros niños que aparecen en ellas. Me preguntó para qué las quería yo y me dijo que tenía que esperar que la justicia actúe», indicó María. La madre cuestionó duramente esta postura: «Le dije: ‘Por un robo de un teléfono, por un robo de cualquier cosa, las revisas. Por un delito de esta naturaleza, ¿cómo no lo vas a hacer?‘».
El representante legal, según el testimonio de María, tampoco le brindó tranquilidad respecto al estado de su hija durante el horario escolar. «No me dijeron: ‘Yo las vi, quédate tranquila, a tu nena no le pasó nada’. Me dijo que él no las había visto. ¿Cómo no las vas a ver si la denuncia está desde el 20 de mayo?», cuestionó con indignación.
Lola, por su parte, relató que tuvo múltiples reuniones con las directoras del establecimiento, pero nunca sintió el acompañamiento esperado. «No me sentí acompañada, no sentí que me estuvieran ayudando o dando respuestas», expresó.
La madre agregó que, durante una de las reuniones, cuando intentó informar a otros padres de la sala sobre lo ocurrido, recibió del representante legal una respuesta que la dejó perpleja: «Nos dijeron que estábamos vulnerando los derechos de nuestras hijas, que ellos nos podían contrademandar. Nos hicieron sentir culpables a nosotras«.
La sensación de las madres es que la institución priorizó proteger su imagen por encima de la búsqueda de la verdad. «Esto no estaría sucediendo si la escuela desde el minuto cero hubiera activado todo tipo de protocolo», sentenció Lola.
La lentitud judicial: dos causas sin unificar
Las denuncias fueron radicadas en dos fiscalías diferentes: la de María en la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, y la de Lola en la Fiscalía de Segundo Turno, con el fiscal Ricardo Mazzuchi. Sin embargo, meses después de presentadas, las causas no han sido unificadas y las madres sienten que la investigación no avanza con la celeridad que requiere un caso de esta gravedad.
«No se sabía nada, no se supo nada en realidad. No tenemos nada», lamentó María, quien debió contratar un abogado -Pablo Pigini- para solicitar constituirse como querellante, ya que no recibía información sobre el estado de la investigación. «Me decían que no habían abierto nada todavía», agregó.
El contraste entre la urgencia de las familias y los tiempos del sistema judicial genera una frustración profunda. «No entiendo por qué primero no unen las causas, porque se presentaron las dos como una sola. No entiendo por qué no activan el pedido de cámaras a la institución», cuestionó María.
Lola expresó su perplejidad ante la falta de medidas concretas: «No han ido a la escuela, no han allanado. No entendemos cómo todavía algo tan sensible, tan importante -los niños- no se le da importancia. No podemos creer».
El impacto en las familias
Ambas mujeres describieron el profundo impacto emocional que esta situación ha generado en sus núcleos familiares. María, quien vive sola con su hija, confesó: «Es muy difícil porque tenés que estar para ellos al 100% y yo la verdad que hoy estoy a un 20%. Trato de que no la perjudique a ella lo que yo siento, pero es muy difícil».
La madre expresó una sensación de desamparo total: «Es muy angustiante, es muy desesperante sentir el abandono de todos, tanto de la institución como de la justicia. No entiendo por qué no investigan estos casos que son tan importantes. Estamos hablando de niños, no de un robo de un teléfono».
Lola, quien además tiene una hija adolescente, coincidió en la dificultad de sostener la dinámica familiar. «Obviamente que nos cambió todo. Uno no sabe cómo actuar tampoco y se siente totalmente desamparada», expresó. «El sistema está roto, no funciona, no ayuda a las infancias para nada y menos a las familias. Es tristísimo».
Las niñas, por su parte, continúan procesando lo vivido con acompañamiento psicológico especializado. La hija de María dejó de asistir al jardín por decisión propia. «No quiso participar de las últimas actividades de jardín. No quiere, no quiere saber nada. Está totalmente cerrada», relató la madre, quien respeta la decisión de su hija.
La hija de Lola, en cambio, continúa asistiendo al establecimiento -aunque ya no participa del ateneo-, motivada por sus amigos. «No es intención que siga en esa escuela», aclaró Lola, quien está en búsqueda de un cambio de institución. Los episodios convulsivos de la niña cesaron en julio, cuando fue retirada de las clases extracurriculares.
Movilización ciudadana
Ante la falta de respuestas, un grupo de padres del establecimiento organizó una movilización para este viernes a las 14:00 en las puertas del colegio. El objetivo es presionar para que se active la investigación judicial y se esclarezca lo ocurrido.
«Queremos saber la verdad de lo que pasó ese día con las nenas», pidió Lola.
Sin embargo, las madres fueron enfáticas en aclarar que su intención no es señalar culpables sin pruebas. «No tenemos para culpar a nadie en este momento. Necesitamos que se aclare todo para que todos sepamos la verdad. No queremos con esto perjudicar a nadie ni poner el foco a nadie», sostuvo María. «Queremos que ellos nos muestren que realmente no pasó nada ahí».
El caso pone en evidencia las dificultades que enfrentan las familias cuando sospechan de abusos en entornos educativos: la revictimización de los menores, la falta de protocolos institucionales efectivos, y la lentitud de un sistema judicial que no parece estar a la altura de la urgencia que demandan estos casos.
La situación también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de las instituciones educativas en la prevención, detección y respuesta ante situaciones de esta naturaleza, especialmente en establecimientos que cuentan con sistemas de videovigilancia que podrían aportar información clave a las investigaciones.
Mientras tanto, dos niñas de cuatro años y sus familias continúan esperando respuestas en medio de un proceso que ha transformado radicalmente sus vidas. Y una comunidad educativa completa aguarda que se esclarezca la verdad sobre lo ocurrido aquel 19 de mayo en un jardín de infantes de Villa Carlos Paz.
La institución educativa fue contactada para conocer su versión de los hechos, pero al cierre de esta edición no había respondido a la consulta.
Nota: Se preservan los nombres de las madres y de la institución educativa para proteger la identidad de las menores involucradas, tal como solicitaron las denunciantes y su abogado.