El lenguaje legal o jurídico que utiliza el Estado para regular cualquier interacción en una sociedad, no siempre es fácil de comprender. Para quien no está familiarizado con esa jerga, “ejecutar” significa matar a alguien, “mora” es una dulce fruta, “tna” podría ser el antiguo torneo nacional de ascenso del básquet, e “incomparecencia”…, debe ser … ¿difícil de comparar? Hummm…no sabría decirle.

“A mayor abundamiento”, supongo entonces, que “es dable abocarse” al tema en cuestión… ¿o “avocarse”?

En los albores de la organización estatal la elección del estilo no resultó casual. Fue deliberada la adopción de un lenguaje hermético, pomposo, recargado de términos técnicos, con fórmulas diversas, gramática compleja, alabanzas a los funcionarios y palabras raras. Se creyó que, de esa forma, se lograría transmitir autoridad, seguridad, precisión, objetividad y/o estabilidad.

Así se formaba en las escuelas de derecho y así se instruía a los agentes del Estado desde que comenzaban su carrera. Transcurrieron muchos años, décadas, sin cuestionamiento alguno. Se aceptaba naturalmente, era parte del paisaje.

Las buenas intenciones no llegaron a buen puerto. La pretendida consolidación de autoridad devino, en el diario trajín ciudadano, en sensaciones de impersonalidad, distancia, solemnidad, intimidación, desconcierto, frustración…en definitiva oscuridad.

El movimiento por el lenguaje claro surge como una respuesta ética y práctica. Su objetivo no es “simplificar” en el sentido de empobrecer el lenguaje, sino volverlo accesible, transparente y democrático. La definición más aceptada señala que un texto está en lenguaje claro cuando las personas para quienes está pensado pueden encontrar lo que necesitan, comprenderlo y usarlo de manera adecuada. Coloca, como principio y fin del acto comunicativo, a la persona humana.

Solo en la medida en que las personas entienden lo que se les comunica pueden ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones»

La claridad no se mide desde el emisor, sino desde la perspectiva del receptor.

La consigna principal del lenguaje claro consiste en que no se debe modificar el contenido ni el sentido de la norma. Imagina como lector modelo a una persona mayor de edad con instrucción de nivel secundario completo. Se trata de reducir márgenes de interpretación al combatir la discrecionalidad, la ambigüedad y la vaguedad para disminuir la necesidad de mediadores especializados. Es el esfuerzo consciente por comunicar de manera eficiente. Se sostiene en un conjunto de principios:

1. Conocer al público objetivo: comprender su nivel educativo, cultural y lingüístico.
2. Estructurar la información de forma lógica: ir de lo general a lo particular, evitando repeticiones y desorden.
3. Usar palabras comunes y precisas: preferir vocablos conocidos en lugar de tecnicismos o extranjerismos. Si el tecnicismo es necesario se lo debe explicar.
4. Frases breves y directas: limitar subordinadas, pasivas y circunloquios.
5. Diseño y presentación amigables: tipografía legible, párrafos claros, títulos que guíen al lector.
6. Revisión y prueba con usuarios reales: un texto no es claro hasta que el público lo entiende.

Existen comunidades científicas, técnicas, jurídicas o académicas, que desarrollan su propio vocabulario para lograr precisión y rigor conceptual. Aunque esta práctica es útil y necesaria dentro de sus ámbitos de trabajo, suele producir un efecto no deseado: el aislamiento de quienes no comparten el mismo código.

Esta fragmentación lingüística provoca que la comunicación pierda su función integradora y se convierta en una herramienta que, paradójicamente, margina a quienes pretende incluir.

La importancia del lenguaje claro trasciende lo meramente estilístico. Se trata de un verdadero imperativo democrático, pues solo en la medida en que las personas entienden lo que se les comunica pueden ejercer plenamente sus derechos y cumplir con sus obligaciones. Un ciudadano que no comprende una ley, un contrato o un procedimiento administrativo se encuentra en desventaja frente al sistema y ve limitada su capacidad de participar en los procesos de deliberación y toma de decisiones.

Por ello, promover una cultura de comunicación accesible no es una opción, sino una responsabilidad ética y política. El lenguaje debe ser un puente y no un muro. Debe tender a la inclusión, no a la exclusión. Cuando las instituciones públicas y privadas adoptan prácticas de lenguaje claro, no solo mejoran la transparencia y la eficiencia de sus procesos, sino que fortalecen el vínculo de confianza con la ciudadanía.

*co director del libro «Lenguaje Claro en Iberoamérica. Principios y prácticas», invitado al X Congreso Internacional de la Lengua Española organizado por la Real Academia Española (RAE) y el Instituto Cervantes en Arequipa (Perú).